bilbao - El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado a comienzos de junio por Ciudadanos (C’s) contra la conocida ley de abusos policiales. La formación de Albert Rivera alega que la norma invade competencias propias del poder judicial. Se trata de un paso preceptivo por parte del tribunal de garantías cuando el recurso está bien presentado en forma y fondo, pero en cualquier caso no afecta en absoluto al devenir de la normativa. Previsiblemente, en septiembre el Gobierno vasco aprobará el decreto que regula las condiciones para las solicitudes de las víctimas que reclamen reconocimiento y reparación por los excesos policiales sufridos entre 1978 y 1999.
Ciudadanos aduce en su recurso que la norma siembra dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y además vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, ya que “en democracia, quien determina si han existido o no abusos son los jueces y no puede ser que lo determinen los miembros de una comisión política integrada por PNV y Bildu”. La formación naranja también considera que la ley de abusos policiales es “una infamia hacia todos los españoles que confían en las instituciones democráticas y también hacia las víctimas del terrorismo en general y de ETA en particular”.
El alto tribunal español comunicó ayer su decisión a los Gobiernos vasco y español, así como al Parlamento de Gasteiz, para que puedan personarse en la causa y formular alegaciones al recurso de Ciudadanos. En declaraciones a este diario, desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu señalaron ayer que la admisión a trámite del recurso era “lo esperado” y precisaron que la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la CAV -esta es la denominación oficial de la normativa- tiene “todas las garantías necesarias” para completar sus objetivos.
Las mismas fuentes añadieron que la ley “se va a seguir aplicando en todos sus preceptos”, a diferencia de cuando la recurre el Gobierno español. En este caso sí, tiene “potestad para paralizarla”. Así sucedió después de que en 2016 la normativa fuera aprobada por el Parlamento Vasco, y el Ejecutivo de Rajoy interpuso un recurso ante el TC que dejó la ley en suspenso. Hasta que llegue la sentencia por este recurso pueden pasar años. A este recurso se le añade otro presentado el pasado abril por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ante el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le desestimara uno anterior también contra la misma norma.
Entonces el Ejecutivo del Partido Popular argumentó que la comisión de valoración habilitada por el Gobierno vasco -un grupo de juristas y expertos que estudiará cada reclamación de las víctimas y definirá qué personas pueden considerarse víctimas de violencia policial- no podía ejercer su función porque suponía una intromisión en la competencia de los jueces.
La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno español abrió un nuevo horizonte a la ley entonces estancada en los tribunales. Los Gobiernos vasco y español acordaron la retirada del recurso planteado entonces por el Ejecutivo español a cambio de introducir algunas modificaciones en el texto. Principalmente eran cambios que dejaban claro que el objetivo de la ley no era determinar responsabilidades de los abusos policiales sino reconocer a las víctimas y resarcirlas.
Las modificaciones incorporadas a la ley superaron el listón de la mayoría en el Parlamento Vasco el pasado abril. El proyecto fue aprobado con los votos de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y el rechazo del PP. Mientras el Constitucional resuelve el recurso de Ciudadanos, la ley sigue su andadura que inicialmente pasa por la aprobación del decreto que regula todo el proceso. La Secretaría de Convivencia y Derechos Humanos liderada por Jonan Fernández ultima los preparativos necesarios para poner en marcha toda la maquinaría administrativa que requiere este proceso, así como los detalles para regular el funcionamiento de la comisión de valoración que analizará los testimonios de las víctimas.
comisión de valoración El grupo estará integrado por diez personas, entre los que figuran la directora de derechos humanos del Gobierno vasco, Monika Hernando, o el reconocido forense y antropólogo Paco Etxeberria, además de expertos en derecho, psicología y medicina legal. A la vuelta del verano se procederá a la aprobación del decreto y será entonces cuando se abra el plazo para la presentación de solicitudes.
Algunos cálculos cifran en torno a trescientas las personas que podrían ser resarcidas con cargo a esta ley, a la que podrían acceder entre otras las familias de Lasa y Zabala, torturados y asesinados por los GAL, o la de Mikel Zabalza, asesinado por la Guardia Civil tras ser detenido. Ese número podría crecer por encima de los cuatrocientos según algunas fuentes y todos ellos podrían ser reconocidas e indemnizadas por los excesos policiales sufridos, predominantemente heridos o muertos en controles policiales, manifestaciones.
