juicio al 'procés'

... Y este cuento se acabó

Esta semana quedará visto para sentencia el juicio del ‘procés’, donde la Fiscalía tira de interpretaciones para acusar de dar un “golpe de Estado” a los líderes soberanistas, que intuyen un fallo condenatorio escrito de antemano

09.02.2020 | 05:32
Junqueras, Romeva, Forn, Sànchez, Turull, Rull, Cuixart, Forcadell, Bassa, Mundó, Borràs y Vila, en el banquillo de los acusados durante el juicio en el Tribunal Supremo. Foto: Efe

Esta semana quedará visto para sentencia. La Fiscalía tira de interpretaciones para acusar de dar un “golpe de Estado” a los líderes soberanistas, que intuyen un fallo condenatorio escrito de antemano

NO hay literatura infantil que se precie que no concluya su narración con el famoso latiguillo... Y este cuento se acabó. Tras cuatro meses, oídos los 12 líderes soberanistas en prisión preventiva y los 422 testigos, examinadas las pruebas periciales y documentales, el soniquete de que la Fiscalía entraría en tromba en el arranque de la causa para después amainar sus acusaciones se rompió el pasado martes en mil pedazos tras acusar a los procesados de dar, entre septiembre y octubre de 2017, un "golpe de Estado con violencia" en Catalunya. Los peores augurios del independentismo, que siempre ha denunciado el "juicio farsa" que este próximo miércoles o jueves quedará visto para sentencia, tienen visos de cumplirse en un fallo que verá la luz antes del 16 de octubre y que creen "está escrito de antemano".

Aunque Abogacía del Estado reduce este escenario a la sedición porque "no había una violencia estructural dentro del plan", el ministerio público mantiene su petición de hasta 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, "maquinista y motor principal" de la rebelión, 17 para los Jordis y Carme Forcadell y 16 para los cinco exconsellers. Y lo hace tras una vista oral en la que ha evidenciado dislates por doquier a la hora de datar fechas, situar episodios y nombrar personas, y con una interpretación subjetiva tanto de los hechos como de las leyes. Las consecuencias políticas del castigo se antojan imprevisibles pero no ayudarán a destensar el conflicto.

¿Si no hay armas, puede haber rebelión? Sí, pero solo a criterio de los fiscales, que para la defensa "solo les faltó llevar la camiseta de Vox" en el Tribunal Supremo. "El carácter violento de un alzamiento no implica que sea necesario ni la violencia grave ni la armada. No hacen falta ni armas ni militares", justifican para aseverar que hubo una "violencia física, compulsiva e intimidatoria" y defender que el procés fue "un golpe de Estado" en el sentido de lo propugnado por el filósofo Kelsen. "Una rebelión distinta", reza en sus papeles, esos que todo lo aguantan. Un alzamiento sostenido en el tiempo, durante el "periodo insurreccional", expresión que también usó el teniente coronel de la Guardia Civil que comandó las pesquisas del 1-O, Daniel Baena. Y en el que "cien delitos de sedición" elevan la categoría del mismo a otro escalón superior que no es ya la propia sedición. Alquimia acusatoria. De nada sirve tampoco que Sànchez o Cuixart llamaran a protestar el 20-S sin caer en provocaciones ya que si instaron a las masas a "no permitir la violencia, lo dijeron sobre un coche devastado".

Del millar de votantes zarandeados y heridos, Fiscalía pasa página porque solo "cuatro personas quedaron ingresadas" en hospitales, pero remarca que hubo "93 miembros" policiales con lesiones de diversa índole". Y ahonda en que los 17.000 mossos formaron parte de la rebelión sin pruebas de instrucciones específicas del Govern a la cúpula policial para que colaborara en el referéndum. La gota que colma el vaso, la comparación hecha por el fiscal Cadena entre el 23-F y el procés. "La existencia de la violencia física en el 23-F quedaría reducida al zarandeo a Gutiérrez Mellado, que en paz descanse", dijo, obviando los tiros al techo del Congreso o el despliegue de tanques en Valencia.

Los letrados de los acusados avisan que una condena vulneraría sus derechos y lo denunciarían ante Estrasburgo tras acreditar "falta de imparcialidad" tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento. Como cuando el presidente del tribunal, Manuel Marchena, preguntó al exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por la reunión del 28-S con Carles Puigdemont tras ni poder hacerlo la Fiscalía, asumiendo un "rol inquisitivo". "Toda la pretendida violencia se redujo a una daños ocasionados en dos vehículos aparcados en la calle. Es un auténtico desvarío valorativo solo explicable en términos de persecución política. Quieren equiparar los hechos con la ocupación de ciudades con carros de combate o la irrupción en sede parlamentaria con armas de fuego", señala la defensa, que censura cómo el visionado de los vídeos se produjo al final para no poderlos confrontar con lo dicho por los testigos.

Es verdad que con las leyes del 6 y 7 de septiembre, que apenas se han citado, hubo tentativa de desobedecer al Constitucional, consumado cuando se celebró el 1-O sin garantías de transparencia, y que se quiso implementar el resultado del referéndum, aunque la doble declaración de independencia fue solo teórica y no práctica. Pero inmediatamente después se aplicó el 155 y en 48 horas el expresident optó por el exilio, por lo que nadie decidió retener el poder, ni hubo resistencia, ni intervención armada, que es lo que sucede en todas las sublevaciones del mundo. El día clave, el 27 de octubre, no se arrió ni la bandera española del Palau de la Generalitat.

Y en la concentraciones del 1-O, esas en las que el arma de los votantes eran botellas de Fairy, se aprecian empujones, patadas, forcejeos, salivazos, insultos, "caras de odio", lanzamientos de botellas de plástico y piedras, pero no hubo barricadas de guerrilla urbana o violencia callejera de gran calado, cócteles molotov o saqueos. Sí se produjo un ejercicio de la protesta puntualmente exacerbado. Valorado jurídicamente, "desórdenes públicos". Para más inri, si existió malversación de fondos, las acusaciones no han explicado cómo se operó. Ni tampoco han logrado averiguar de dónde salieron las urnas. Han cubierto páginas de pagos comprometidos antes de la suspensión del Constitucional, como el abono a ciertos observadores, pero la prueba de un delito necesita la precisión de su modus operandi. De todo ello tendrán que hilar fino los siete magistrados si además quieren un fallo por unanimidad.

desarrollo del juicio El tránsito del juicio se ha desarrollado bajo una atmósfera electoral que tuvo como protagonista, en primer lugar, a la Junta Electoral Central, al prohibir todos los símbolos de carácter independentista, desde los lazos amarillos a los carteles, que reclamaban la puesta en libertad de los encausados. Y, posteriormente, al propio Supremo, suspendiendo a los parlamentarios electos -Junqueras, Rull, Turull, Forn y Romeva-. Y en el extrarradio al Jefe del Govern en esas semanas de alto voltaje, Puigdemont, pendiente de validarse o no su condición de eurodiputado, como la del exvicepresident, tras erigirse en protagonista indirecto del juicio, al ser el principal artífice de todo lo acontecido y no poder sentarlo en el banquillo. Mientras, el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias ya ha denunciado la conducta contra los líderes soberanistas, exigiendo su libertad, a lo que España respondió pidiendo la inhabilitación de dos de los expertos.

El debate sobre la violencia, la figura del juez Marchena, las estrategias de las defensas, el perfil bajo de Vox o el duelo entre Trapero y Pérez de los Cobos son ya algunos de los hitos de un proceso histórico. Las declaraciones de los testigos más políticos como la del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy o su número dos, Soraya Saénz de Santamaría, resultaron decepcionantes. Especialmente gráfico fue el testimonio del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien aseguró que Rajoy "no era muy partidario" de aplicar el 155 y que Puigdemont declaró la independencia por presión. Por su parte, Trapero compareció con la espada de Damocles del proceso contra él en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. El exmajor de los Mossos y sus compañeros enarbolaron un discurso que pasó por convencer al tribunal de que hicieron cuanto pudieron el 1-O con un plan que conocía el Ministerio del Interior y sin atender órdenes de la Generalitat. Trapero llegó a poner como ejemplo que barajaron detener a Puigdemont. Su relato chocó de plano con el del coronel de la Guardia Civil al que la Justicia encargó la coordinación policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos. Su enemistad es personal. Este exalto cargo calificó de "estafa" el despliegue de la Policía catalana.

La guinda a lo que los acusados tildan de "mascarada" sería que la sentencia, casualmente, viera la luz el próximo 1 de octubre.

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