BILBAO - La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva presentará una queja formal ante el Tribunal Supremo donde censura al juez Marchena por haber “suplantado” el pasado jueves a las acusaciones al interrogar al exmajor de los Mossos Josep Lluís Trapero. En su escrito el letrado Andreu Van den Eynde recalca la necesidad de preservar la “debida imparcialidad” del tribunal y denuncia que el magistrado formuló una pregunta “claramente de cargo” que anteriormente había vetado al fiscal, que quería indagar sobre la reunión en la que Trapero instó al exvicepresident, a Carles Puigdemont y al exconseller Joaquim Forn a cumplir la legalidad el 1-O. También Jordi Pina, el abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, anunció una posición en la misma sintonía. Todas las defensas se han coordinado para plasmar quejas en las que critican las “restricciones” a sus interrogatorios y cuestionan que se limite la exhibición de vídeos como prueba en la sala, incidiendo en que la “prueba videográfica” es necesaria para confrontar las declaraciones de testigos en el juicio, donde la próxima semana empezarán a testificar los guardias civiles.

Marchena había impedido a la Fiscalía preguntar sobre dos reuniones del ex jefe de los Mossos con los citados miembros del Govern ya que, puesto que como ésta no había propuesto a Trapero como testigo, sus preguntas debían ceñirse al ámbito por el que hubieran preguntado quienes sí lo habían hecho. Pero Vox, que sí le había llamado a declarar, concluyó su turno sin hacer mención a esas cumbres. Sin embargo, antes de dar por concluido el interrogatorio, el juez Marchena, figura destacada en el juicio, empleó la facultad que tiene como presidente de interrogar a los testigos y lanzó la pregunta que no había podido realizar el fiscal: por qué convocó las reuniones y qué transmitió en ellas. Trapero respondió que estaba “preocupado” con la actuación de Govern y que les trasladó los riesgos graves de seguridad que implicaba seguir adelante con el referéndum.

Por otro lado, las defensas adelantaron que solicitarán que se proyecten los vídeos cuando el testigo deba reconocerse en alguna filmación o cuando declare hechos incompatibles o divergentes con lo que está recogido en las grabaciones. A su entender, no permitir su visualización afectaría al derecho de prueba y defensa. De la misma forma protestan por la decisión de Marchena de no permitirles argumentar sus protestas cuando no se les permite realizar una pregunta o presentar una prueba.

La defensa de Junqueras y Romeva subraya en su escrito que esa “situación de indefensión” se arrastra desde la fase de instrucción, donde el juez Pablo Llarena ya restringió sus intervenciones. “Bajo el pretexto de la igualdad de armas”, se limitan formalmente los derechos tanto de la acusación como de la defensa, cuando ésta última “tiene una posición privilegiada” en un sistema penal que otorga al acusado la presunción de inocencia, señalan los abogados de los procesados. Bajo su prisma, las preguntas de la defensa deben ser aceptadas cuando puedan influir en la sentencia, recordando que hay centenares de testigos citados que no han declarado nunca en el proceso y respecto a los cuales se encuentran en inferioridad de condiciones, ya que la Fiscalía sí los ha interrogado en otros procedimientos de los que son parte.