El líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, quien fue detenido días antes de que se produjera el asalto al Capitolio en Washington, colaboró como informador desde 2013 con el FBI y la Policía de Miami, tras su detención ese año y con el fin de conseguir una reducción de su condena por los delitos federales que había cometido.
Según una transcripción judicial a la que ha tenido acceso la NBC, Tarrio, un cubano-estadounidense de 36 años, fue, “desde el primer día, quien quiso hablar con la Policía”, según su abogado le trasladó al juez durante una audiencia judicial celebrada en 2014, dos años antes de que se fundara Proud Boys.
Durante aquel proceso, la defensa de Tarrio explicó al juez que gracias a su “significativa cooperación”, el FBI y las autoridades pudieron detener a una docena de personas relacionadas con el tráfico de drogas y los juegos de azar, lo que le supuso una reducción de su condena de 30 a 16 meses de prisión.
Tarrio fue detenido el 4 de enero en Washington, dos días antes de que se produjera una manifestación en apoyo de Donald Trump, que acabó derivando en el asalto al Capitolio, al ser imputado por un delito de destrucción de la propiedad, cuando robó de una iglesia y quemó, como él mismo reconoció, una pancarta con el lema Black Lives Matter.
cinco detenidos de proud boys
Cuando Tarrio fue interceptado por la Policía a su llegada a Washington, los agentes encontraron en su vehículo varios cargadores modificados de armas alto calibre, por lo que también fue imputado. Si bien él no participó en las revueltas, otros cinco integrantes de su organización sí han sido detenidos por estos hechos, entre ellos Joseph Randall Biggs, otro de los cabecillas.
Proud Boys adquirió especial relevancia durante los debates presidenciales después de que Trump, quien ya barruntaba sus teorías sobre fraude electoral, les agradeciera su apoyo y les recomendara que se mantuvieran “a la espera” del desarrollo de los comicios. Posteriormente les condenó públicamente y achacó sus comentarios a un lapsus.
En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una advertencia sobre la existencia de “un entorno de mayor amenaza” terrorista motivado por “extremistas” frustrados con la transición presidencial, entre otras razones.
El Departamento de Seguridad Nacional publicó un “boletín” del Sistema Nacional Consultivo sobre Terrorismo, que advierte de la presencia de “un entorno de mayor amenaza terrorista en EE.UU. que probablemente persista”.
amenaza “persistente”
No se cita una amenaza específica, pero el Departamento de Seguridad Nacional advierte que ese ambiente tenso persistirá “durante semanas” después de que Joe Biden fuera investido presidente.
En concreto, la información recibida apunta a que algunos “extremistas ideológicamente violentos” que se oponen a Biden podría continuar movilizándose y organizando actos violentos.
Uno de los puntos que más preocupa al Departamento de Seguridad es que algunos de esos “extremistas” se sientan legitimados después de que asaltaran el Capitolio.
Periódicamente, el Departamento de Seguridad Nacional emite advertencias a la población, pero normalmente esos avisos se producen como precaución ante un posible ataque por parte de gobiernos extranjeros o grupos radicales, pero no por extremistas dentro de EE.UU.
El sistema usado está diseñado para informar sobre riesgos generales, en vez de sobre un ataque inminente vinculado a una amenaza específica. Además, es el aviso de menor importancia dentro de los usados por el Departamento de Seguridad Nacional y se mantendrá en vigor hasta el 30 de abril.
Organización paramilitar de extrema derecha. El Departamento de Justicia de EE.UU. informó de la acusación por conspiración a tres integrantes de la milicia de Oath Keepers, una organización paramilitar de extrema derecha centrada en el reclutamiento de militares, por su participación en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Los tres acusados, Jessica Marie Watkins, de 38 años; Donovan Ray Crowl, de 50, y Thomas Caldwell, de 65 años, serán llevados ante la justicia federal por delitos de “conspiración, obstrucción de un procedimiento oficial, destrucción de propiedad del Gobierno y entrada ilegal en edificios o terrenos restringidos”.
