Se duplican los asesinatos de indígenas en Colombia

Muchos a manos del Ejército y la Policía por uso innecesario de la violencia y ejecuciones extrajudiciales

27.02.2020 | 06:16

Al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa, entre ellos 13 de sus autoridades, fueron asesinados el año pasado en el convulso departamento colombiano del Cauca (suroeste), informó ayer miércoles la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe anual sobre Colombia.

"El informe 2019 manifiesta profunda preocupación por el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa", afirmó el representante en Colombia de la ACNUDH, Alberto Brunori, en la presentación del documento. El funcionario añadió que esa cifra supone "un incremento de casi el 52% de acuerdo con el Instituto de Medicina legal en comparación con 2018". El departamento del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley, como disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos del narcotráfico.

La rivalidad entre estos grupos por el control de tierras para el tráfico de drogas hace de este departamento uno de los que tiene el mayor número de cultivos ilícitos en el país, con 17.177 hectáreas sembradas de coca, según cifras del centro de investigación del crimen organizado InSight Crime.

La oficina documentó "15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía", de los cuales 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, según Brunori. "Se observó con preocupación que la Justicia penal militar continuó solicitando la jurisdicción sobre estas investigaciones. En algunos casos, la Fiscalía incluso remitió los casos a la Jurisdicción Penal Militar", detalló. Recordó que, según "las normas y estándares internacionales", la Jurisdicción Penal Militar "no debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones de los derechos humanos", pues es competencia de la Justicia ordinaria.

Brunori manifestó su preocupación por una "información documental que indicaría" que el 8 de abril del año pasado en el municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia (noroeste), miembros de grupos criminales participaron en "una operación militar oficial".

En ella, explicó, los delincuentes portaron armas y realizaron "acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado".

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