¿Qué hay de lo mío?

Bilbao

QUÉ hay de lo mío?". Probablemente no ocupe el cuadro de honor entre las frases más brillantes de la historia, pero en esa petición, tan española, tan desvergonzada, tan escueta, tan rudimentaria y tan repetida, se deletrea el discurso de la corrupción que carcome a España. "Los políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas y los banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia la quiebra que al final tenemos que pagar todos, y que con olor a Chanel o Loewe, han dejado el país más doblado que muchos años de terrorismo", sentenció el juez Eloy Velasco, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, en una columna de opinión de la revista de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Velasco decretó el auto de prisión de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal, al que impuso una fianza de 30 millones de euros por presunto delito de alzamiento de bienes.

Mal endémico en España -un Estado que se emparenta con el de Botswuana según la clasificación mundial publicada por Transparencia Internacional en virtud del grado de corrupción en el sector público-, las conductas fraudulentas ocupan un espacio cada vez mayor entre las preocupaciones de la ciudadanía. El barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) refleja que la corrupción y el fraude se sitúan en la cuarta posición de los problemas a rebufo de los políticos en general, los partidos y la política, que los ciudadanos contemplan como el tercero de España. Por su parte, el Eurobarómetro de la Comisión Europea revela que el 74% de la población española considera que la corrupción forma parte de la cultura empresarial del país. El porcentaje se eleva hasta el 78% de los ciudadanos que opinan que el reparto de favores, el cobro de sobornos, las comisiones o el abuso de poder están generalizados entre la clase política.

La casuística, que no parece tener límite, avala la sensación de que la corrupción es un cáncer en plena metástasis que corroe las entrañas de un Estado sacudido de punta a punta por los escándalos. Solo en Grecia consideran que sus políticos son más corruptos. Ejemplos no faltan, al contrario. Los casos de corruptelas se suceden a un ritmo infernal. El rock&roll de la corrupción no cesa. Es complicado enumerar las causas totales abiertas, entre las que se intercalan los delitos de cohecho, malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental o el tráfico de influencias. A pesar de los cientos de sumarios que empapelan los juzgados que persiguen esta clase de delitos, los expertos estiman que "apenas es visible el 10 o el 20% de los casos de corrupción que existen". La punta del iceberg.

De ese pedazo de hielo se desprende el supuesto cobro de sobresueldos con dinero negro por parte de la cúpula del Partido Popular, escándalo que ha crecido a rebufo de los 22 millones de euros que Luis Bárcenas, extesorero del PP durante dos décadas, e imputado en la trama Gürtel de supuesta financiación ilegal del PP, manejaba en Suiza. El caso de los sobres es el último brochazo del bodegón de la escena política española, un escenario en el que desfila un ejército de muñecas rusas que en sus vientres abrigan centenares de ejemplos. ¿Pero cuál es el motivo para que las conductas fraudulentas obtengan tanto predicamento en España?

La causa, señalan los expertos, es sistémica y comienza en la misma noche electoral, en el lugar donde los vencedores festejan el triunfo entre cánticos, vítores, aplausos, celebraciones, banderas, promesas, coros, danzas y rimas. En ese ecosistema de exaltación y dicha, de fuegos artificiales, un recordatorio, un apunte: ¿Qué hay de lo mío? "La estructura administrativa española permite esa negociación por la posibilidad de que los políticos designen cargos de confianza en cualquier tipo de gobierno y eso genera redes clientelares que viven de los triunfos electorales", sugieren los analistas. Los políticos tienen la potestad de elegir a asesores, sin límite de número, y politizan de tal manera las instituciones que estas se convierten en extensiones de los propios partidos. De hecho, las administraciones más politizadas, donde se emplean a más cargos que deben su selección a la política, son más proclives a las conductas fraudulentas.

El manual español, en el que el tejido clientelar es una pandemia, contrasta con el de otras democracias occidentales en las que el peso de los partidos es más liviano por la menor politización de las personas que trabajan en las instituciones puesto que estas no dependen de la designación de los políticos. Los cargos electos apenas disponen de asesores o personas de confianza y la presencia de profesionales que no están adscritos a ningún nombramiento de carácter político acota el poder de los gobernantes porque entre sus deberes está el de realizar una tarea fiscalizadora sobre las decisiones que se van a adoptar. El denominado city manager responde a un perfil estrictamente profesional y, en cierta medida, es el garante del buen gobierno porque es elegido por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo que no coincide con el de los cargos electos. Sin poder legislativo alguno, entre sus funciones se encuentra la de validar el poder ejecutivo, lo que en la práctica supone un mecanismo de control férreo y efectivo. Un filtro más tupido sobre las decisiones políticas.

el gran poder La partitocracia -"el poder de los partidos es enorme", advierten muchos- que impera en España, donde la dedocracia es otro de los rasgos que identifica a los gobernantes, facilita la aparición de esta clase de comportamientos: "Los puestos de libre designación son una plaga y están muy presentes en numerosas instituciones. Eso es un muy peligroso". Este es un factor que facilita los casos de corrupción. "Los favores se pagan con favores", dicen los expertos. La financiación de los partidos, aunque reglada por ley -el Estado reserva partidas de dinero en forma de subvención para las formaciones- es un coladero donde las aportaciones interesadas, privadas y anónimas sirven para apuntalar la economía de los partidos. "Eso genera un círculo vicioso. La financiación de los partidos es algo opaco que necesita ser revisado", coinciden en señalar los analistas, que sitúan la época de la burbuja inmobiliaria como un pico en la cordillera de la corrupción: "En este país nadie quiere ser concejal de Cultura pero se pelean por ser de Urbanismo".

"Se movía mucho dinero, se construía mucho y se otorgaban muchas licencias de obras. En los lugares en los que más se construyó es donde se aprecian más casos de corrupción, aunque es un asunto sistémico", enjuician los versados. Cayo Lara, diputado de Izquierda Unida, interpreta en parámetros similares el repunte de la corrupción, focalizada mayoritariamente en Levante, Andalucía, la Costa del Sol, el extrarradio de Madrid... "Desgraciadamente, los años que van desde 2000 a 2008 se han convertido en el periodo con más corrupción en nuestro país. El modelo del ladrillo ha traído consigo toda esa corrupción. Habrá más de un millar de casos, especialmente en los dos grandes partidos", opina.

El pasado miércoles, en pleno apogeo del caso Bárcenas, una bomba de relojería instalada en las columnas que sostienen el espinazo de Génova, y en medio de la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro sobre la amnistía fiscal, el PSOE se vio obligado a cesar a Carlos Mulas, director de la Fundación Ideas de su partido, porque su exmujer habría creado una identidad falsa y cobrado de dicha empresa por publicar artículos en nombre de Amy Martin, su ya famoso alter ego literario. Lo que sí existe y perdura es la corrupción, una dolencia que puede provocar un fallo multiorgánico en el corpus de la democracia, que necesita de la implicación de los partidos para eliminarla del organismo que parasita. Desde la judicatura, y a expensas de la Ley de Transparencia, se critica la falta de voluntad política para erradicar el mal y relativizan la verdadera naturaleza de la entente anticorrupción que los principales partidos patrocinan: "Algunos intentan hacer ver que es algo cultural, pero no es así".

un brindis al sol El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, analizó que el pacto contra la corrupción que promulgan PP y PSOE puede quedar como "un brindis al sol o una mera declaración de intenciones si no va acompañado de una reforma del Código Penal que endurezca las penas por delincuencia económica o corrupción política". Desde dicha asociación creen necesario una reforma del Código Penal "para que los cargos públicos que tengan la tentación de corromperse asuman que van a ser perseguidos y condenados de manera proporcionada y se pueda acabar con la sensación de impunidad en los casos de corrupción". En su reflexión, Bosch planteó "la creación de juzgados específicos para luchar contra la corrupción o la dotación de medios de refuerzo a los órganos judiciales que se ven desbordados por la investigación de este tipo de casos".

Miguel Ángel Torres, el togado que destapó el caso Malaya, explicó en una conferencia en abril de 2009 que "la corrupción supone, sin más, la deslegitimación del sistema democrático. Es uno de los mayores cáncer de la democracia. Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más democracia". Desde entonces, la corrupción -los bienes requisados en esta clase operaciones superan los 3.000 millones de euros- continúa nutriendo como el más eficaz de los abonos el podrido paisaje de España, un estercolero con un hedor insoportable. Casos como Gürtel, Brugal, Millet, Nóos, Mercasevilla y Palma Arena, posteriores al del saqueo del Ayuntamiento de Marbella, que se creía insuperable, explican la gravedad de la dolencia. Ya lo dijo Miguel Ángel Torres: "Nadie está ajeno a la corrupción, políticos, responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces, fiscales, famosos en general...". España sí es país para corruptos.