La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 10 años y cuatro días de cárcel a un funcionario de la Hacienda Foral de este territorio por acceder a datos tributarios de carácter reservado a los que no estaba autorizado y utilizarlos en beneficio de una asesoría de la que era copropietario y en la que también prestaba servicios. El caso parte de una denuncia de la propia Hacienda Foral.

 De hecho fue la propia institución la que descubrió las irregularidades en el curso de sus actuaciones y las puso en conocimiento de la Fiscalía. La Diputación ha ejercido la acusación particular en el caso.

En una sentencia hecha pública este lunes, la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia considera que el acusado es autor de cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de actividades prohibidas a funcionario público.

Por cada uno de los delitos le impone dos años, seis meses y un día de prisión, así como una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación absoluta durante 9 años.

También le condena como autor de un delito de actividades prohibidas a funcionario público a una multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros, y a la suspensión de empleo o cargo público por dos años.

La Audiencia de Bizkaia estima probado que el procesado, funcionario de la Diputación vizcaina desde 1986, trabajaba en el Departamento de Hacienda y Finanzas en la sección de información tributaria y que, paralelamente, realizaba actividades de asesoramiento fiscal en una asesoría de la que era "copropietario", algo "incompatible" con la función pública que desempeñaba en la Diputación.

Además, "aprovechando" su condición de funcionario de la Hacienda foral, "accedió", al menos desde 2017 a 2019, a datos tributarios que le estaban vedados, "al no estar autorizado en atención a su puesto de trabajo", de clientes de la asesoría, así como de otras personas y empresas ajenas pero relacionadas con esos clientes.

"Ello le permitió tener conocimiento de datos tributarios reservados" de esas terceras personas y entidades ajenas y "utilizarlos en beneficio de su propia asesoría y de los clientes de esta, causando un perjuicio a la Diputación Foral de Bizkaia".

El tribunal precisa que la Diputación, "titular de los ficheros y custodio de su contenido, vio vulnerado uno de los principales instrumentos de los que dispone para detectar irregularidades en la gestión de los tributos"