El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari por esta formación, Javier de Andrés, denunció ayer miércoles el “afán” del Gobierno vasco por facilitar el tercer grado a presos de ETA. Durante el Forum Nueva Economía que se celebró en Bilbao, que fue presentado por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó que “es muy llamativo que los fiscales estén recurriendo un día tras otro los terceros grados que se dan desde la administración penitenciaria vasca”, que tiene la competencia de prisiones.
Opinó que la fiscalía trata de “uniformizar el acceso al tercer grado” y, de ahí, los numerosos recursos que presenta, mientras que “la administración vasca, la administración del PNV, está una y otra vez probando a ver si consigue su objetivo de que salgan al tercer grado”. Considera por tanto que hay “un afán por facilitar la situación penal de estos presos que, desgraciadamente”, han tenido un importante apoyo social en Euskadi. De Andrés añadió que, a día de hoy, “tienen una tolerancia que no es la conveniente para que hagan el proceso de reinserción como cualquier otro preso”.
El candidato popular también se refirió a las consecuencias económicas que tuvo el terrorismo y la salida de muchas personas de Euskadi que se vieron amenazadas por la violencia. Aseguró que es “difícil revertir aquello que tan mal salió”, pero instó a “profundizar en todo lo que condujo a que eso se produjera”.
A su juicio, es necesario mantener la “exigencia ética”. “La gente se ha marchado, amenazada, atemorizada, coaccionada y si luego resulta que la alternativa, cuando vengan aquí, es encontrarse a Bildu en el gobierno, o a Bildu de socio de PNV, o a Bildu y el PSOE negociándolo todo, lo tenemos imposible. No me parece que ese es el escenario que animará a nadie a volver”, dijo.
Reformar la RGI
En clave estrictamente política, De Andrés cree que el PNV, si tiene una mayoría suficiente, aspirará a gobernar solo, ya que se quiere “sacudir” al PSE porque “le viene muy mal”, aunque tampoco descarta que pacte con Bildu ya que ambos tienen, a su juicio, “muchísimas cosas en común”.
Defendió además una reforma de la Renta de Garantía de Ingresos porque las personas que están en disposición de trabajar no tienen que tener “una renta garantizada y vitalicia” si no tienen un programa de integración laboral. Opinó que el sistema actual no exige “ninguna contraprestación”, cuando, a su juicio, hay que pedirlas.
