El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, defiende que se abstuvo el pasado jueves en la votación sobre los dos informes que el Pleno tenía sobre la mesa relativos a la proposición de ley de la amnistía por el “evidente componente político” de la norma, que tacha de “transacción política” y de “contrapartida” por “la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts”. Así lo explica en un documento de nueve folios en el que justifica su voto en blanco al considerar que era “prudente mantener cierta neutralidad” ante una proposición de ley que, a su juicio, se utiliza como un “instrumento de actividad política” toda vez que entiende que “su aprobación es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura del presidente de Gobierno”. Guilarte, que podría renunciar a su cargo en breve si fracasa la mediación del comisario europeo Didier Reynders para la renovación del CGPJ, insiste en que “no existen precedentes, ni en España ni en el resto de naciones en las que se han acordado medidas de gracia similares, donde la amnistía se haya insertado en una transacción sinalagmática, con prestaciones mutuas”.
Para el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, la proposición de ley aprobada en el Congreso “tiene una causa relativamente simulada en los términos en los que la describe la exposición de motivos”. A su entender, la norma no tiene como finalidad propiciar la “pacificación política y convivencial de Catalunya” –que “nunca fue esbozada previamente en el programa electoral” del PSOE–, sino una mera “transacción política”. Asegura que si el informe sobre la amnistía “se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, se habría conseguido aprobar un único informe pues cuanto se trata a propósito de estas cuestiones obedece a una lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo. La polaridad que nos acosa lo ha impedido”.
Al margen, subraya que ninguno de los dos informes analizados por el Pleno aborda “la incuestionable realidad del precedente que causaliza la existencia de la ley de amnistía”. E incide en que lo que se debería analizar es “si resulta posible utilizar el excepcional instrumento constituido por la amnistía cambio de obtener los votos necesarios para la investidura”. “Puede donarse gratuitamente un riñón pero no a cambio de precio de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa”, incide.
