¿Qué hay sobre la renta básica universal?

A lo largo de la historia, han sido muchos y de muy distinta ideología quienes han soñado con su instauración, de una u otra manera, y en distintos contextos. Así, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, cabe citar, entre otros, a Thomas Paine, Charles Fourier, Augustin Cournot, Juliet Rhys-Williams, Milton Friedman, James Tobin, John Rawls, Philippe van Parijs o Thomas Piketty. Recientemente, ha sido noticia el conocido como experimento finlandés, y ello ha vuelto a abrir el debate.

Claro está que el caso de Finlandia debe contextualizarse en sus justos términos. En puridad, no se trata de una Renta Básica Universal, en la medida en que solamente se destina a los desempleados. Así, 2.000 desempleados, elegidos a sorteo, recibirán cada mes, durante dos años, desde el 1 de enero pasado, y sin condición alguna, una prestación aproximada de 560 euros, independientemente de si encuentran trabajo o no durante dicho periodo y de su capacidad económica. ¿Pero qué se esconde tras esta medida? Abaratar los costes del gobierno finlandés en la administración de un caótico sistema prestacional. En efecto, el gobierno quiere saber si no es más rentable conceder directamente una ayuda mínima a los desempleados a cambio de prescindir de su complejo entramado prestacional.

Cuestión distinta es que para vestir este experimento también se indique que quiere conocerse cómo se comportarán las personas que reciben dinero gratis, a saber, si apostarán por el emprendizaje o la búsqueda de empleo.

No obstante, la verdad es que con este tipo de experimentos lo que está en juego es el modelo de financiación del Estado de Bienestar. Un Estado de Bienestar que, por desgracia, avanza hacia un Estado del Malestar. He aquí la cuestión: ¿estamos dispuestos a renunciar a algunas de las prestaciones sociales que ofrecen nuestros sistemas de Protección Social y a pagar más impuestos a cambio de tener garantizado un ingreso mensual mínimo?

Suiza ya se ha pronunciado al respecto. En junio de 2016, su población se posicionó mayoritariamente en contra en un referéndum oficial (77% de los votantes, conforme a una participación del 46%) en el que el gobierno se mostraba dispuesto a otorgar una renta básica de 2.260 euros al mes, independientemente de trabajar o no, y unos 565 euros a cada menor de edad. Por su parte, en Francia, con las elecciones presidenciales a la vista, el candidato socialista Benoit Hamon promete introducir un salario básico para todos aquellos ciudadanos que se encuentren entre los 18 y los 25 años para el año 2018, y asegura que terminará creando una renta básica universal para todos los ciudadanos franceses de aproximadamente 750 euros mensuales. Y en España, el 2 de febrero pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley que aboga por fijar una renta mínima de 426 euros para personas con pocos recursos. Una versión sui géneris de la renta básica universal cuyo coste se estima ascendería a 12.000 millones. En todo caso, de momento no se trata más que de un trámite que, con el paso del tiempo, a buen seguro, quedará en un brindis al sol, dada la maltrecha economía española.

De todos modos, la situación cambia de un Estado a otro. Partiendo de la población que tenga un determinado Estado y de sus características, habría que saber, de entre los muchos e importantes factores a tomar en consideración, por ejemplo, cómo se estructuran sus sistemas de Protección Social y tributario, cuánto es su gasto prestacional, cuánto empleo tiene, de qué tipo y de qué calidad en términos de condiciones laborales (modalidades contractuales, ingresos, jornada, seguridad y salud, situación de los autónomos?), cuáles son las perspectivas de gasto a 20 años vista en pensiones, sanidad y dependencia, cuál es la inversión media anual en I+D+i, así como en infraestructuras que generen empleo y riqueza. En definitiva, habría que saber si podría mantenerse y, sobre todo, de qué forma; el equilibrio necesario entre los ingresos, en general, y el coste que supondría la renta básica universal, en concreto.

Además, no cabe olvidar que las crisis económicas siempre amenazarán cualquier previsión, por muy positiva que sea, por lo que la búsqueda constante del equilibrio y de la sostenibilidad de los sistemas de previsión se torna indispensable. En concreto, es lo que sucedió con el proyecto canadiense Mincome, experimentado entre 1974 y 1979, en el contexto de las reformas en materia de Seguridad Social, en la provincia de Manitoba, y, más concretamente, en la localidad rural de Dauphin. Según se describe por la profesora de la Universidad de Manitoba Evelyn L. Forget, en su estudio The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment, se destinaron 17 millones de dólares por el gobierno (75%) y la provincia (25%) para cubrir los ingresos básicos de unas mil familias de los 10.000 habitantes de Dauphin. De esta manera, se estableció una especie de salario garantizado para poder sobrevivir, lo que realmente era importante en una comunidad agraria, que dependía sobremanera de los precios de sus cosechas y de la climatología. Cada familia cobraba una cantidad mensual proporcional a su nivel de ingresos o a sus cargas familiares. Además, para incentivar el empleo, cada dólar percibido por cualquier otra fuente de ingresos suponía reducir la ayuda recibida tan solo 50 centavos. Poco a poco, pudo apreciarse como mejoró el estado de bienestar de los ciudadanos de Dauphin, con mejoras notables en la salud y en el número de adolescentes que terminaban la educación secundaria. Pero el programa acabó cancelándose debido a la recesión económica, la alta inflación y el aumento del desempleo a nivel mundial, consecuencia de la crisis del petróleo.

Obviamente, la situación no es igual, por ejemplo, en Finlandia y en España. Finlandia, con una población aproximada de 5,4 millones de habitantes, cerró 2016 con una tasa de desempleo del 8,7%. El salario medio es de 3.600 euros, en 12 pagas. Tiene una de las presiones fiscales más altas de Europa, alcanzando el 44,1% del PIB. Según la OCDE (Pensions at a Glance 2015), en 2013, el gasto público en pensiones suponía el 10,3% de su PIB, pero los planes de pensiones privados cubrían a un 29,1% de la población entre 15 y 64 años. Los activos en fondos de pensiones privados eran del 48,7% del PIB, y los activos en fondos públicos de pensiones, del 27%. Los mayores de 65 años eran el 20,4% de la población.

Por el contrario, España, con una población aproximada de 46,5 millones de habitantes, cerró 2016 con una tasa de desempleo del 18,2%. El salario medio es de 2.188 euros, en 12 pagas. Su presión fiscal es del 34,4% del PIB. Según la OCDE (Pensions at a Glance 2015), en 2013 el gasto público en pensiones suponía el 10,5% de su PIB, y los planes de pensiones privados cubrían a un 18,6% de la población entre 15 y 64 años. Los activos en fondos de pensiones privados eran del 8,8% del PIB, y los activos en fondos públicos de pensiones, del 5,1% del PIB. Los mayores de 65 años representaban el 18,3% de la población. Ahora bien, también debe tenerse en cuenta que, según el Banco de España, el déficit del Sistema de Seguridad Social alcanzó un 1,5% del PIB en 2015, lo que contrasta con el superávit observado en 2007, del 2,2% del PIB. Ese déficit se debe al gasto en pensiones contributivas y a la reducción de los ingresos. De este modo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se situaba en el 1,4% del PIB a finales de 2016.

Con todo, el Sistema de pensiones español sigue caracterizándose por presentar una de las tasas de sustitución más elevadas, es decir, mantiene mayor proporción entre la cuantía de la pensión y la última retribución percibida. Así, conforme a la OCDE, en España, para un trabajador medio, el importe de la pensión de jubilación es de un 82,1%. Esta cobertura es muy elevada, teniendo en cuenta que la tasa de sustitución media de los países de la OCDE es de apenas un 52%. Además, mientras que en España la tasa de sustitución se implementa íntegramente vía sistema público de pensiones, en otros Estados se combinan sistemas públicos y privados de pensiones.

Pero al margen de la casuística a la que puede llevarnos la situación de cada Estado, no debiera obviarse que el mayor nivel de bienestar social de la historia se ha conseguido alcanzar con los sistemas públicos de Seguridad Social, combinando la vertiente contributiva con la no contributiva, y el complemento de la previsión social voluntaria. Intentar desmontar o desnaturalizar la mejor técnica de protección de la historia supone, cuanto menos, una frivolidad. Y tal vez demuestre la incapacidad para evitar la precarización del empleo, distribuir adecuadamente la riqueza y luchar contra las desigualdades sociales desde el reconocimiento de la dignidad de la persona y su desarrollo personal a través del trabajo.