EN Euskal Herria hay grupos y personas que se repelen visceralmente. Las heridas y el abismo de odio, labrado durante tantos años de asesinatos, atentados, secuestros, socialización del sufrimiento, torturas... han configurado una sociedad vasca fragmentada y enfrentada, que lucha por superar esta triste situación. La radicalidad cainita e ideologizada de las discrepancias políticas y el sufrimiento vivido, nos impiden todavía un trabajo en común.
Las diferencias que se constatan en las distintas celebraciones de la memoria, incluso en su designación, denotan un profundo desencuentro que separa a amplios sectores de la sociedad vasca. Lo que para unos es “solidaridad con el sufrimiento”, para otros es apología del terrorismo. Cuando se habla de defender la patria o las guerras de liberación, la línea que separa el delito de la heroicidad es tan delgada que un terrorista puede convertirse en héroe y al revés en muy poco tiempo. Por ello, son muchos los aspectos de controversia en foros, encuentros y homenajes que necesitan ser esclarecidos por un diálogo y no por la descalificación.
Se precisa aceptar la verdad de los hechos. Una forma de mentir y engañarse o autojustificarse es asociar a la propia opción política e ideológica las emociones y los prejuicios, falseando los argumentos. ¿Qué entendemos por “conflicto político”? ¿Qué por “derecho a decidir”? ¿Qué por “acumulación de fuerzas”? ¿Qué por “proceso de paz”? ¿Qué por “preso político”? “Conflicto” tiene diversos sentidos, pero tal como lo interpretan ETA y un sector más o menos amplio de su entorno ideológico, responde a una manera determinada de entender ese concepto justificando así el uso de las armas, “gatazka armatua”. ETA no es la expresión inevitable del conflicto. Esta forma de entender y materializar el “conflicto” es suya, de ETA y su entorno. También otros ciudadanos vascos sintieron y sienten el “conflicto”, pero no asociado a las armas. El resultado de aquella decisión unilateral de ETA, cuya consecuencia ha sido más de 800 muertos, miles de heridos, presos, exiliados, obligados a pagar el impuesto o a llevar escolta, así como el dolor de tantas familias destrozadas, no debe ser ocultado ni comparado con otras injustas violencias, sino asumido en cada caso como algo injusto que nunca debió ocurrir. Otro tanto habría que decir de las expresiones “preso político”, “proceso de paz”... Necesitamos esclarecer con honestidad el contenido de lo que se dice para educar en la verdad, pues todavía somos incapaces de pactar un relato común mínimo. A lo más, llegamos a una ética compasiva, siempre con la misma tramposa y fácil escapatoria: “todos somos responsables” o “todos hemos sufrido”. Pretender blanquear un pasado sangriento justificándolo interesadamente nos lleva a una narración equidistante e injusta para con las víctimas que más han sufrido y para con el país.
Pero también hubo excesos de la práctica antiterrorista y la fidelidad a la verdad nos lleva también a enfrentarnos a la práctica antiterrorista vigente. Los excesos de la política antiterrorista no solo han sido extralimitaciones puntuales del Estado de Derecho. Las extralimitaciones, en ciertos momentos, han sido sistemáticas y han respondido a una política de Estado. La exacerbación punitiva y la arbitrariedad han sido una triste realidad.
Atenerse y avanzar en las medidas legales individualizadas, aceptadas libremente, previstas en el ordenamiento jurídico, es un paso liberador, por lo que se exige al Gobierno español una lectura flexible de dicha legalidad. En lo que respecta a este problema, creemos que el colectivo de presos, dentro de la dinámica de la izquierda abertzale, está en su legítimo derecho de defender las ideas que inspiran su comportamiento, pero asumiendo una exigencia incuestionable en todo proceso de paz: el reconocimiento del mal inferido y su reparación posible. Una reflexión crítica del pasado, pues ceder es sumar. La consigna de unión con el pueblo, eslogan que se proclama como signo de un “nuevo tiempo”, debe estar unido a la voluntad de los presos de aceptar lo que la inmensa mayoría de la sociedad vasca les transmite de forma permanente: su disolución como miembros de ETA con todas sus consecuencias. Los presos de ETA exigen que la sociedad les oiga. También ellos deben oír lo esta les pide.
En definitiva, es exigible un compromiso, desde una convivencia dañada. Se ha dicho, y con razón, que la sociedad civil desea pasar página de los años de plomo, violencia y muerte. Los gobiernos español y francés deben estar abiertos a este deseo. La humanización de la política penitenciaria, por grandes que sean los delitos cometidos, debe estar abierta al acercamiento de los presos, la liberación de los enfermos y a las demandas individuales de libertad condicional. Es un clamor y debe ser oído. Pero si ETA no desaparece, será imposible llegar a tal acuerdo. Abrir la puerta a los beneficios penitenciarios, apelando al apoyo de la población, sin renunciar a la orgullosa pertenencia a la organización, es una contradicción. Vivimos una situación de endurecimiento, donde se banaliza lo éticamente incorrecto. La inhumanidad no solo reside en los atentados crueles y en las torturas, sino también en la indiferencia ante los sufrimientos de los demás y al deleznable cálculo político de todo.
Ni expresiones desafiantes, ni posturas vengativas y vejatorias. La paz implica gestionar las diferencias, no tiene ni vencedores ni vencidos, sólo fidelidad a la verdad. Estamos ante un tiempo nuevo, en el que junto a la justicia esté presente la magnanimidad, el diálogo y el perdón ofrecido y aceptado.
