EN Euskadi sabemos innovar: Ahora, la deslocalización se da sin salir de casa. La realidad que se está viviendo en el sector de la construcción es motivo de preocupación y, por qué no decirlo, cabreo. Existen ciertas empresas, por llamarlas de alguna manera, que parecen haber descubierto un nicho de negocio muy lucrativo en plena crisis. Lo de nicho adquiere especial relevancia en este caso, ya que el beneficio de estas empresas se basa en enterrar los derechos laborales y olvidar la aplicación de los convenios provinciales de la construcción. Hablamos de organizaciones que empezaron teniendo su domicilio social en otros países de la UE, pero que cada vez actúan con más impunidad o astucias hasta el punto de que empiezan a establecerse en nuestro territorio. Y son subcontratadas por empresas que resultan adjudicatarias de obras públicas. Puede decirse que son traficantes de mano de obra.

Remitirnos a las cifras puede ser esclarecedor. Obligan a sus trabajadores a jornadas que rondan las 11 ó12 horas diarias, incluyendo un mínimo de dos sábados al mes. Se pagan a una media de entre 6-8 euros/hora, cuando el convenio del sector en Bizkaia establece la hora ordinaria a 14,56 euros, la extraordinaria a 17,01 y la extraordinaria festiva a 34,02. Los piratas de los que hablamos no distinguen entre una y otra, con lo que las cantidades que estafan a los trabajadores por cada hora de trabajo ya resultan muy ilustrativas. Para un salario bruto normal mensual estaríamos hablando de 3.894 euros según convenio a unos 1.888 que estarían pagando estas empresas.

Lo mismo sucede en cuanto a jornada total anual, días por compensación de horas, vacaciones... incluso podríamos ir simplemente al Estatuto de los Trabajadores y constatar que estas empresas hacen sencillamente lo que les da la gana. El precio que estamos pagando, no ya los trabajadores del sector, sino la sociedad vizcaina (y vasca, ya que ocurre en todo nuestro territorio), es excesivo. Se trata de un auténtico dumping social sólo comparable en cuanto a impacto sobre el mercado de trabajo a la tan temida deslocalización. En un año en el que se han destruido un 8% de los puestos de trabajo en el sector de la construcción en Euskadi con respecto a 2009, la existencia de jornadas de este tipo sólo tiene un calificativo: inasumible. En una estimación de las menos agoreras, aproximadamente un 15% de los trabajadores del sector se ven obligados a realizar estas jornadas inacabables, con un millar de personas trabajando para los mencionados traficantes. Esto significa que en Bizkaia, por ejemplo, podrían crearse 1.500 puestos de trabajo si se cerrase la puerta a estos mal llamados empresarios.

Hay que dejar claro que este no es un conflicto entre trabajadores; cuando hablamos de creación de empleo, no estamos hablando de nacionalidad o lugar de origen de los trabajadores. El clima de malestar que se está generando es fruto de un incumplimiento empresarial. Un fraude que además tiene más efectos perversos y que tiene que ver con lo que recaudan las instituciones, por la vía de los seguros sociales de los trabajadores que dejan de cobrarse y los impuestos que dejan de satisfacerse. ¿O alguien creía que estas empresas sólo iban a recortar gastos por la vía de pagar miserias a sus empleados? Aquí hablamos de 600 euros más por trabajador que estos traficantes se estarían ahorrando. Pero, ¿y las empresas que cumplen escrupulosamente con el convenio y la legalidad fiscal y laboral? Simplemente se están encontrando con un enemigo que no respeta las reglas del juego, con resultados desastrosos: la consiguiente pérdida de empleo. Mientras las empresas legales facturan la hora entre 26-27 euros, las ilegales lo hacen a 16. La diferencia es tal que ofrece pocas dudas. Si tenemos en cuenta que las empresas nacen para generar beneficios, ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio crea que es posible cumplir con la ley y facturar a 16 euros la hora?

Y eso no es lo más inquietante. En todas y cada una de las obras públicas que vemos en nuestro entorno nos encontramos con empresas subcontratadas de este tipo. ¿Debemos pensar que no conocen esta realidad, que no sabe que las rebajas de hasta el 40% en los presupuestos de las obras no responden a esta explotación a cara descubierta que sufren los trabajadores? ¿Por qué convierten a la ciudadanía en cómplice de un juego perverso que a la postre sólo beneficia a los defraudadores?