El CGPJ es el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado. Según la Constitución española, todos los poderes del Estado emanan del pueblo; ergo deberán ser los representantes del pueblo soberano, las Cortes Generales, quienes elijan a sus miembros conforme a lo expresado en las urnas. Así está mandatado, y es justo. Venimos de una cruel dictadura de la que salimos con una pusilánime reforma -la única posibilidad tangible- y no mediante una ruptura total con aquella tiranía. Los jueces permanecieron en sus cargos. A día de hoy, preparar oposiciones a la judicatura sigue requiriendo tiempo, esfuerzo y recursos que no todos pueden costearse. Y, por venir de familias adineradas afines al franquismo, la judicatura cuenta con una amplísima mayoría de efectivos de ideología conservadora y sus fallos, en demasiadas ocasiones, están contaminados de un tinte tradicionalista. Un sistema justo de becas, para que todos tengan acceso, podría poner fin a la polémica y al eterno clasismo judicial.
