Una nota marginal de prensa informa que un sudamericano detenido acusado de violar a una mujer en Iruñea ha sido puesto en libertad porque se ha demostrado mediante el análisis de su ADN que no fue el autor. No se conocen los detalles, pero cabría preguntar al juez que ordenó su encarcelamiento cuál es el estado de su conciencia después de conocer el error que le ha costado a un ciudadano sufrir las consecuencias de su negligente decisión. Más estremecedor fue el caso del asesinato de una joven en Andalucía hace años que previamente fue condenada por la prensa: el juez mandó a prisión durante 519 días a Dolores Vázquez acusándola del asesinato de la joven Wanninkhof. Finalmente se demostró que no fue ella la asesina. Nadie respondió del error judicial ni pidió disculpas, solo se le indemnizó con 60.000 euros. El sistema está diseñado para que las responsabilidades se diluyan achacando la injusticia a los informes policiales defectuosos, aunque realmente se deben a la insensibilidad de los jueces ante los errores que cometen y cómo se corrigen. Por otra parte, el gobierno ha designado nuevo fiscal general a Julián Sánchez Melgar y curiosamente, fue el ponente de la doctrina Parot que fue rechazada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013, lo que supuso un varapalo humillante para la Justicia española a la que se ordenó liberar a más de medio centenar de presos vascos, con el correspondiente reproche adicional de todos los juristas de los países democráticos. Si a esto se añade el desprestigio que supone la creciente cadena de asesinatos de mujeres a manos de sus “machos” a pesar de todo el montaje de jueces, policías especializados que venden humo, minutos de silencio ante los ayuntamientos, banderas a media asta, días de luto y solemnes condenas de los políticos, el panorama rayaría en sainete si no fuera trágico. El error cometido con el preso al ser mantenido encarcelado más tiempo del de condena y el sarcasmo de premiar con un cargo de superior nivel a un juez cuyas argucias jurídicas supone el reproche del TEDH a la Justicia española y el dolor de comprobar que todavía haya mujeres que sigan siendo asesinadas a manos de los que se consideran sus amos, describe una evidente sensación de déficit de confianza de la sociedad en la justicia.