UIÉN iba a pensar que mientras la mayor parte de los ciudadanos estaba confinada y preocupada por la situación de emergencia sanitaria que vivíamos había algunas personas cuya ocupación era obtener beneficio de aquello.
Hace pocos días las portadas de la prensa diaria informaban sobre la investigación que la Fiscalía relacionada con los contratos suscritos por algunas administraciones públicas con empresas privadas para la importación de EPI (mascarillas, guantes, respiradores...) necesarios para evitar la transmisión del covid-19; contratos que, al parecer, generaron comisiones millonarias. No voy a valorar si fue lícita o no la obtención de aquellas comisiones, pero sí significar que resultan habituales prácticas del mismo tipo en situaciones análogas (catástrofes naturales, guerras...). Siempre ha habido y habrá personas que logren pingües beneficios aprovechándose de la situación existente y para los que lo importante es el beneficio económico en lugar de la utilidad, aunque pudiera ser que presuman de su colaboración desinteresada con lo ocurrido.
En el caso que ocupa a la Fiscalía, se investigan unos contratos por importe de 300 millones de euros del total de 2.000 millones que se destinaron por las administraciones públicas durante los meses de marzo a mayo de 2020 al amparo de la normativa dictada que permitía que se pudiera adjudicar a empresas que no tenían experiencia en el sector, en algunos casos, sin trabajadores en plantilla, sin que se tuviera que acreditar la solvencia necesaria, y sin necesidad de pedir más de una oferta. A ello, hay que añadir la urgencia de la necesidad, y el lugar de compra: China.
Lo que más me ha llamado la atención es que el conocimiento el escándalo nace del destino que algunos de esos covidsionistas dieron al beneficio obtenido: relojes de lujo, un velero, un coche deportivo... En definitiva, la codicia volvió a superar al altruismo.
