EL aplazamiento por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la publicación de la parte de los resultados del Informe PISA (Programme for International Student Assessment) realizado el pasado curso que evalúa la competencia de los alumnos del Estado en lectura al detectar “anomalías” en las respuestas de los estudiantes no debe ser reducido a una anécdota. Ni siquiera la mera posibilidad, que deja entrever el propio comunicado de la OCDE, de que fueran los propios estudiantes quienes, por un motivo u otro, decidieron contestar en la prueba de fluidez lectora de forma -la OCDE la califica de “inverosímil”- capaz de anular la virtualidad de la evaluación le resta un ápice de relevancia. En primer lugar, porque aun siendo así denotaría el compromiso con que los alumnos se enfrentan a las pruebas, lo que califica al mismo sistema educativo -o a los centros en que se haya producido el hecho- que no habría sabido explicar a sus estudiantes la supuesta necesidad e importancia de realizarlas con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. Y, a continuación, porque el hecho en sí cuestiona de raíz la misma eficacia del Informe PISA, hasta ahora considerado casi concluyente, para evaluar a través de la competencia de sus alumnos a los distintos sistemas y programas educativos. En realidad, pondría incluso en entredicho los resultados de los realizados anteriormente -el último en el Estado, en 2015- al no poder certificar que las respuestas sobre las que ha venido realizando sus interpretaciones reflejan la realidad. La misma admisión por la OCDE de que las “anomalías” no se ciñen a esa parte de la evaluación sino que podrían haber afectado a otras partes de la prueba que mide la competencia lectora y aunque en menor medida también a las que lo hacen sobre competencia matemática y científica determina hasta qué punto transforma en controvertidas conclusiones que se habían venido considerando -y en algún caso concreto esgrimiendo- casi como irrefutables. Y al hacerlo califica asímismo a la OCDE y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), organismo del Ministerio de Educación encargado de coordinar la ejecución de las pruebas de un infome que, sin embargo, no discrimina ni evalúa aspectos esenciales en la calidad de la enseñanza como, entre otros, la inversión, los ratios y formación de profesorado o la distribución de jornadas lectivas.