NO hace falta entrar a valorar la justicia o desproporción de las reivindicaciones laborales que se hallan detrás de la convocatoria por los sindicatos ELA, Steilas, CCOO y LAB de la huelga que se inicia hoy -veremos con qué duración- en dos centenares de centros concertados del sistema educativo vasco para determinar como positivos los avances en las negociaciones. Después de que el conflicto laboral se haya prolongado tres cursos -tres días de paro lo iniciaron en el de 2017-18- y tuviera 21 días de huelga (nada menos que el 10% de las jornadas lectivas) el pasado curso 2018-19, dar inicio a esta última convocatoria de extensión extraordinaria, hasta el 5 de diciembre, sería muy difícil de entender. No ya por los motivos últimos de la misma, sino porque solo aportaría complejidad a la negociación e incidiría en la incapacidad manifiesta para avanzar que han mostrado durante todo este tiempo la patronal (Kristau Eskola e Izea principalmente) y las centrales sindicales, incluyendo su resistencia a tratar de paliar la desconfianza mutua y el agravio recíproco con la admisión de la mediación del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que ya había planteado en su momento el Departamento de Educación del Gobierno vasco y solicitaron las asociaciones de padres de alumnos y a la que las partes se abrieron únicamente hace dos semanas. Y si la situación ha sido hasta ahora dificil de sobrellevar para los 107.000 alumnos y sus familias, haber desoído la solicitud de tiempo que el mediador del CRL, aceptado por ambas partes, había realizado para tratar de acercar posturas y que se elaborase una propuesta concreta, solo habría contribuido a minar la paciencia de los afectados. Los sindicatos deben ir más allá de esgrimir la parálisis de la patronal ante sus reclamaciones desde hace diez años para justificar la convocatoria de la huelga como última y necesaria medida de presión. Y los centros, superar la exigencia de desconvocatoria de la misma como necesaria muestra de buena voluntad ante las negociaciones. Ambas posiciones sólo conforman un tira y afloja harto repetido que en el conflicto de la educación concertada -del verbo concertar, acordar-, cuya dimensión supera lo estrictamente laboral, dificulta el esfuerzo mediador, suma inflexibilidad a la intransigencia y añade dificultades al diseño de una solución que se ha comprobado compleja aunque ahora más posible.
NO hace falta entrar a valorar la justicia o desproporción de las reivindicaciones laborales que se hallan detrás de la convocatoria por los sindicatos ELA, Steilas, CCOO y LAB de la huelga de un mes que se iba a iniciar hoy en dos centenares de centros concertados del sistema educativo vasco para determinar lógica la prórroga concedida a las negociaciones. Después de que el conflicto laboral se haya prolongado tres cursos -tres días de paro lo iniciaron en el de 2017-18- y tuviera 21 días de huelga (nada menos que el 10% de las jornadas lectivas) el pasado curso 2018-19, dar inicio a esta última convocatoria de extensión extraordinaria, hasta el 5 de diciembre, hubiese sido difícil de entender. No ya por los motivos últimos de la misma, sino porque solo habría aportado complejidad a la negociación e incidido en la incapacidad manifiesta para avanzar que han mostrado durante todo este tiempo la patronal (Kristau Eskola e Izea principalmente) y las centrales sindicales, incluyendo su resistencia a tratar de paliar la desconfianza mutua y el agravio recíproco con la admisión de la mediación del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que ya había planteado en su momento el Departamento de Educación del Gobierno vasco y solicitaron las asociaciones de padres de alumnos y a la que las partes se abrieron únicamente hace dos semanas. Y si la situación ha sido hasta ahora dificil de sobrellevar para los 107.000 alumnos y sus familias, haber desoído la solicitud de tiempo que el mediador del CRL, aceptado por ambas partes, había realizado para tratar de acercar posturas y que se elaborase una propuesta concreta, solo habría contribuido a minar la paciencia de los afectados. Los sindicatos deben ir más allá de esgrimir la parálisis de la patronal ante sus reclamaciones desde hace diez años para justificar la convocatoria de la huelga como última y necesaria medida de presión. Y los centros, superar la exigencia de desconvocatoria de la misma como necesaria muestra de buena voluntad ante las negociaciones. Ambas posiciones sólo conforman un tira y afloja harto repetido que en el conflicto de la educación concertada -del verbo concertar, acordar-, cuya dimensión supera lo estrictamente laboral, dificulta el esfuerzo mediador, suma inflexibilidad a la intransigencia y añade dificultades al diseño de una solución que se ha comprobado compleja.
