LAS apelaciones emitidas desde el Gobierno vasco y el PNV al Gobierno Sánchez para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, respecto al traspaso de transferencias y el impulso al TAV, son todo menos gratuitas. Que el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, apremiara el martes al Ministerio de Hacienda a culminar la cuantificación de las transferencias que se deben completar antes de la cita electoral o que el propio lehendakari Iñigo Urkullu apelara ayer al Ministerio de Fomento a acelerar los plazos de actualización del estudio de la solución de llegada del TAV a Gasteiz “porque Euskadi ya ha esperado demasiado” es consecuencia de la experiencia. En el primer caso, además, muy dilatada toda vez que las competencias que ahora se deben transferir figuran en el Estatuto de Gernika sin que los sucesivos gobiernos del Estado hayan cumplido la ley. A un mes exacto del 28-A hay tiempo sobrado para satisfacer los plazos que el propio Gobierno Sánchez se marcó tras enviar el 22 de enero el calendario que establece las fechas y las materias objeto de negociación respecto a las transferencias pendientes y que daba a siete de ellas carácter inmediato. Tampoco se precisa una excelente memoria para recordar que, entre otros, los acuerdos para el impulso definitivo de la red ferroviaria de alta velocidad en Euskadi se cerraron con el gobierno español precedente, tuvieron que ser recordados por el PNV para que se refrendaran por Pedro Sánchez antes de la moción de censura y volvieron a ser refrescados ante la inicial renuencia del Ministerio de Fomento que, por ejemplo, sigue teniendo pendiente la entrada del TAV a Gasteiz o, en Bizkaia, la Variante Sur Ferroviaria, cuyo desbloqueo reclamaba ayer mismo Aitor Esteban. Parece evidente que solo el marcaje intenso de una representación política fuerte ha servido para activar todas estas mejoras y que, en caso contrario, se está al albur de la inestabilidad política estatal o las convocatorias electorales. Convendría arbitrar un mecanismo por el que el deber de cumplir los compromisos se herede con la responsabilidad de gobierno porque, citando a Thomas Jefferson, sin el principio del deber ningún gobierno puede sostenerse. Pero, entretanto, una agenda clara con los intereses de los vascos tiene que estar fuertemente representada en Madrid para poder influir; no solo confrontar o diluirse en intereses externos.