Dimisión frente a renuncia

ATRIBUIR la dimisión del consejero de Salud a una simple asunción de responsabilidades políticas respecto a las supuestas irregularidades en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza supone cuando menos una interpretación parcial, y por tanto no exenta de interés, de la decisión adoptada por Jon Darpón. Aunque las denuncias respecto a las OPE y la traslación por la Fiscalía al juzgado de las diligencias por presuntas filtraciones de los exámenes se hallen en el origen, no son unas u otras sino la utilización política de las mismas en la búsqueda de desgastar al Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu ante la próximas citas electorales las que han llevado a Darpón a poner su cargo a disposición del lehendakari con el fin de no dificultar la labor del Gobierno ante el planteamiento por la oposición de una reprobación en el Parlamento la próxima semana. También de proteger a un servicio, Osakidetza, cuya calidad profesional y humana es continuamente reconocida por la sociedad vasca y fácilmente contrastatable, incluso en el entorno europeo, y al que las críticas políticas sostenidas desde los intereses de la oposición hacen flaco favor. No se trata de negar la existencia de posibles irregularidades en las OPE que, si las ha habido, serán los tribunales los encargados de juzgar y dirimir. Mucho menos cuando el propio consejero Darpón no solo admitió que los procedimientos de las mismas deben ser revisados sino que, atendiendo a recomendaciones externas, incluyendo las del Ararteko, anunció e inició dicha revisión tras haber ordenado la repetición de algunas de las pruebas realizadas; proceso que, por cierto, el hasta ahora consejero deja encauzado aunque será su sucesora, Nekane Murga, quien deba completarlo. Pero la perversión de utilizar las que hayan podido ser desviaciones o malos usos en un sistema profesional de reconocimiento de méritos y capacidades de paternidad anterior y ajena a Darpón extendiéndolos de modo abusivo e inaceptable de unos casos concretos al conjunto de las OPE trata de, desprestigiando injustamente al hasta ahora consejero, cuestionar la honorabilidad de quienes lideran las instituciones vascas. Y eso no es sino el traslado a Euskadi de modos de hacer política desacostumbrados en nuestras instituciones y que no buscan servir mejor sino manipular, algo que sí se debe denunciar como flagrante renuncia a la responsabilidad.