LAS políticas de memoria y convivencia en Euskadi, imprescindibles tras años de violencia con centenares de víctimas y confrontación, están a día de hoy fuertemente condicionadas por una batalla ideológica que atenaza a los partidos e impide la puesta en marcha de medidas para su desarrollo. Ha sucedido a lo largo de los últimos años y también se ha plasmado incluso después del cese del terrorismo de ETA y de su disolución definitiva, de la que pronto se cumplirá un año. En los últimos meses se ha visualizado, por ejemplo, con los vetos a las leyes de víctimas de abusos policiales de la CAV y Nafarroa o las críticas al material didáctico Herenegun para llevar a las aulas vascas la realidad de la violencia vivida en Euskadi. El caso, quizá, más paradigmático es el de la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, un foro creado en teoría para, mediante la participación de todos los partidos con representación en la Cámara vasca, abrir la búsqueda de amplios consensos en torno a los asuntos clave: víctimas, memoria, política penitenciaria, convivencia y derechos humanos. La ponencia creada en esta legislatura -en la anterior hubo otra, que terminó absolutamente bloqueada- se constituyó hace ya dos años, el 8 de marzo de 2017, y en ella se han puesto en evidencia las fuertes discrepancias entre formaciones. De hecho, el PP no participa, lo que ya supone no solo una dificultad, sino una anomalía. En este contexto, hoy tendrá lugar una nueva reunión después de casi tres meses del último encuentro y después de que la presidenta, Ana Otadui, elaborara un documento de síntesis de los trabajos y las comparecencias. Se trata, por tanto, de abrir una nueva fase, que debe pasar por la creación de un clima de confianza para salvar las discrepancias, fijar una base mínima de reconocimiento de todas las víctimas de diversas violencias y de que todas las violaciones de derechos humanos han sido, son y serán injustas -concepto al que se opone EH Bildu, lo que puede dinamitar o diluir los objetivos de la Ponencia- y alcanzar un acuerdo que sirva de modelo para la convivencia. No parece que vaya a ser tarea fácil. Sin embargo, los partidos tienen la obligación ética y democrática de intentarlo y de trasladar a la sociedad vasca lo que la ciudadanía vive ya en el día a día. En este sentido, las disculpas de Etxerat a las víctimas y su aún parcial ejercicio de empatía constituye un ejemplo de ello.