LA alusión del president catalán, Quim Torra, a la vía eslovena a la independencia, las advertencias del presidente español, Pedro Sánchez, respecto a medidas contundentes en Catalunya tras las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR), la convocatoria del consejo de ministros del Gobierno español el jueves, 21-D, en Barcelona, con fuerte presencia policial, y la de manifestaciones pacíficas de protesta por las entidades soberanistas, la exigencia de aplicación del art. 155 por parte de Albert Rivera (C’s), compartida con Pablo Casado (PP), quien ha llegado a proponer la ilegalización de las formaciones independentistas... Todo forma parte de una escalada discursiva en la que se enmaraña la situación catalana justo en vísperas de la vista previa hoy en el Tribunal Supremo al juicio por el procés contra los políticos catalanes encarcelados, algunos en huelga de hambre. Ni siquiera los intentos de ERC o de la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, matizando las palabras de Torra; o las explicaciones remitidas por carta desde la Generalitat respecto a la actuación de los Mossos; o la cita solicitada por Pedro Sánchez al president han contribuido a apaciguar los ánimos. Unos y otros tienen serios problemas para resistir a la presión a que les someten el extremo independentismo en un caso y lo más rancio de lo que se dice constitucionalismo en el otro -Vox es acusación particular en el juicio contra el procés-; ambos por mero interés proselitista que nada tiene que ver con la búsqueda de soluciones a un conflicto político sin embargo irresoluble por la vía de la radicalización. Tras las elecciones andaluzas, PP y C’s están interesados en forzar un adelanto de las elecciones generales y buscan fracturar la entente que sacó adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy por su parte más débil, el apoyo catalán, imprescindible para que Sánchez, sin presupuesto ni respaldo suficiente, pueda evitar la convocatoria electoral. De ahí la escalada. Y a estas alturas quizá sólo una decisión judicial que suponga la libertad de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que debería ser no solo posible sino recomendable en su caso ya únicamente por la prolongación tan injusta como inusitada de la prisión provisional, podría contribuir a invertir la peligrosa tendencia.
