LA nítida pero ponderada exigencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente español, Pedro Sánchez, respecto a las 37 transferencias pendientes más de tres meses después de que ambos acordaran iniciar las conversaciones para su traspaso no es sino la exigencia de una demostración de mínima voluntad que, hasta el momento, se puede considerar ausente en el inquilino de La Moncloa. En realidad, ni siquiera es un verdadero problema de divergencia política, toda vez que otro gobierno socialista, el que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, ya había llegado asimismo a un acuerdo en 2011 sobre algunas de esas transferencia pendientes, que finalmente no se materializaron a raíz del adelanto electoral y la llegada de Mariano Rajoy y el PP al Gobierno español. Por ejemplo, el traspaso de las once líneas de ferrocarril que discurren por Euskadi, de las que ahora, y solo tras una sentencia del Tribunal Constitucional favorable al Gobierno vasco, se transfieren dos. O de las autopistas. Más aún, al menos una de las competencias pendientes de transferir, la asunción de la Dirección General de Industria y Pequeñas y Medianas Empresas, ha sido traspasada ya a todos los demás gobiernos autonómicos; y otra, la inspección de productos farmaceúticos, la poseen nada menos que trece de las 17 Comunidades Autónomas. Y es que al menos una decena de las 37 transferencias reclamadas para completar el Estatuto de Gernika nada menos que 39 años después, son básicamente de infraestructuras o herramientas de desarrollo económico, con un perfil meramente técnico. No se trata, por tanto, de interpretación política o jurídica, como se pretende tantas veces cuando se centra el debate en la gestión económica de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo y la inspección de trabajo o las competencias en materia penitenciaria a pesar de la claridad con que el Estatuto estipula la titularidad de Euskadi en las mismas. Lo que se exige es que Pedro Sánchez y su gobierno demuestren que el cambio de gobierno tras la moción de censura a Rajoy, para lo que contó con el apoyo imprescindible de quienes ahora le reclaman el cumplimiento de lo acordado, incluye un cambio en la disposición hacia Euskadi, hacia la sociedad vasca, del Ejecutivo español tras siete años -desde aquel acuerdo con Zapatero- sin cumplimentar, ni siquiera negociar, una sola transferencia.
