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Una reflexión necesaria

El intento de magnificar los altercados del aniversario del 1-O debe llevar al soberanismo catalán a sopesar las desviaciones y riesgos implícitos de ceder el liderazgo de sus reclamaciones a la presión social en la calle

ES evidente que magnificar los altercados en el primer aniversario del 1-O en Catalunya, que los hubo, contados -en dos puntos de Barcelona, incluido el Parlament, y Girona, según la portavoz del Govern, Elsa Artadi-, y extender injustamente la responsabilidad de los mismos a todo el soberanismo catalán responde a un interés concreto. No es coincidencia que el presidente del PP, Pablo Casado, aproveche la coyuntura para exigir un nuevo recorte de derechos y libertades y pretenda ampliar la ley de partidos con afán ilegalizador además de una suspensión de la autonomía catalana superadora del artículo 155 de la Constitución. Tampoco que Albert Rivera y Ciudadanos anuncien una proposición no de ley en el Congreso exigiendo al gobierno que aplique el citado artículo. Y quizá hasta quepa preguntarse por la última paternidad de los incidentes que el director de los Mossos, Andreu Joan Martínez, desvinculó ayer de los Comité de Defensa de la República (CDR). Sin embargo, incluso esa evidencia debe llevar al soberanismo catalán a una imprescindible reflexión sobre las desviaciones y riesgos implícitos de ceder a la presión social en la calle el liderazgo de sus reclamaciones, aun si estas son tan legítimas como la exigencia de libertad de los líderes soberanistas en prisión, y de plantear ultimatums temporales, como el explicitado ayer por Quim Torra, que únicamente dificultan el diálogo. Del mismo modo, el PSOE y el gobierno que preside Pedro Sánchez deberían ser conscientes de a quién benefician cuando elevan el tono ante las exigencias maximalistas de una parte del independentismo, pero sobre todo forzados por la visión interesadamente exagerada con que PP y C’s alimentan una espiral que impide acercar posturas. Un ejemplo manifiesto es la no participación del PSC ayer en la votación del pleno del Parlament que acordó la suspensión de los seis parlamentarios a quienes el juez Llarena procesa por rebelión (Puigdemont, Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Jordi Sánchez) pero permitió la delegación de sus votos ratificando algo tan fundamental en democracia como la nula potestad judicial para alterar las mayorías de la Cámara. Porque es asimismo evidente que no serán los hilos de los intereses que azuzan y pretenden enconar hace más de un año la crisis entre Catalunya y el Estado los que la suturen.