Cuatro meses, cuatro décadas

SI la voluntad de Pedro Sánchez en torno al autogobierno se retrata en las opiniones de sus ministras, la moción de censura contra Rajoy y su relevo en La Moncloa por el secretario general del PSOE no habría variado un ápice las políticas del Gobierno español. Más aún, ni siquiera habría alterado sus intenciones en cuanto a solventar el reiterado incumplimiento por Madrid de los compromisos intrínsecos a la aprobación el 25 de octubre de 1979, hace ya 39 años, del Estatuto de Gernika en un referéndum en el que participó el 59% del censo vasco con un 90% de votos afirmativos, entre ellos, los de los socialistas. La evasiva respuesta de la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo español, Isabel Celaá, a la reclamación realizada un día antes por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, respecto a las 37 competencias explicitadas en el Estatuto y no transferidas, con la excusa de que dichas transferencias “no se sustancian en cuatro meses” solo se puede calificar de inadmisible. Lo sería en todo caso, pero lo es de manera especial cuando Sánchez es el sexto presidente -tras Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy- que no las “sustancia” durante casi cuatro décadas, las que han transcurrido desde la aprobación del Estatuto con Suárez en la presidencia. Y es más inadmisible si cabe cuando dicha reclamación de cumplimiento del compromiso estatutario había sido planteada asimismo al recabar Sánchez apoyos para la moción contra Rajoy y su pretensión de formar gobierno. No es, ni mucho menos, un problema de tiempo, como pretende Celaá. Lo hace evidente la rotundidad de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien ayer advirtió que “no es una prioridad para el gobierno en estos momentos” la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi, es decir, el cumplimiento de una de esas 37 transferencias pendientes. Más concretamente. la que estipula sin dejar asomo a la duda el artículo 18.2.b del Estatuto de Gernika: “... corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Es, en realidad, una cuestión de voluntad para cumplir la ley y responder a lo que se pretendía al aprobar el Estatuto. También un problema de credibilidad ante la sociedad vasca similar al que el Estado padece en Catalunya. Algo que el PSOE y Sánchez deberían sopesar si se sienten tentados por el adelanto electoral.