Construir la negociación

LA movilización, nuevamente masiva, de la sociedad catalana con motivo de una Diada reivindicativa de sus derechos políticos y de los de quienes se hallan en prisión preventiva por la defensa de los mismos no hace sino evidenciar, otra vez, la exigencia de vías de solución a un problema al que en los últimos tiempos únicamente se ha conducido al enquistamiento. Tres meses después de que Pedro Sánchez sustituyera a Mariano Rajoy al frente del gobierno del Estado y en el inicio de un nuevo curso político parece obligado exigir del todavía reciente presidente español que convierta en práctica política lo que hace exactamente un año, con motivo de la Diada de 2017, proponía a través de su cuenta personal de Twitter: “Por la vía del diálogo, la convivencia y el respeto, un nuevo acuerdo para Cataluña es posible”. La segura presión de la derecha homogeneizadora española que se disputan PP y C’s ni puede ni debe evitar ese horizonte en la acción de Gobierno de Sánchez respecto al contencioso catalán. Decisiones no siempre suficientemente reflexivas del Govern de Carles Puigdemont y la inveterada desviación autoritaria y judicializante del gobierno del PP llevaron en diferentes momentos -también debido a intereses partidistas- a tensionar la situación hasta impedir cualquier atisbo de diálogo y, por tanto, de solución acordada. Esa experiencia constituye la mejor evidencia de que el camino a recorrer ahora por los ejecutivos de Torra y Sánchez es precisamente el de la negociación, aun si de aquellas actitudes todavía se soportan consecuencias indeseadas e incluso personalmente dolorosas a las que es preciso poner fin. El soberanismo catalán también se halla en una disyuntiva. Puede eternizar la reivindicación callejera, aun si esta se considera legítima y fundamentada, con el riesgo de que el pulso social pierda su efervescencia y se desvíe hacia la mayor división social que los extremos de ambos lados persiguen. O puede construir una negociación que no solo encarrile el conflicto político catalán -que la Diada conmemore unos hechos ocurridos hace más de tres siglos es la mejor prueba de su existencia- sino que también, a través del acuerdo, ayude a deconstruir el armazón jurídico levantado por la politizada actuación de la justicia española para perseguir a los políticos soberanistas y mantenerlos en prisión.