LA Presidencia de Donald Trump sigue siendo motivo de preocupación interna e internacional. Si hasta la fecha se ha desenvuelto entre su capacidad para generar sorpresa o irritación, según el día, el último episodio relacionado con la situación dentro de su administración es preocupante por lo que revela. La publicación en The New York Times de un artículo anónimo atribuido a un “alto funcionario de la administración estadounidense” en el que se afirma que en el entorno de Trump hay varios funcionarios que tratan de apaciguar, distraer o directamente entorpecer la puesta en marcha de algunas de las medidas más agresivas o irreflexivas del presidente es indicativo de varias cosas. La primera de ellas es que esta suerte de quinta columna estaría actuando de modo unilateral y sin control del aparato institucional democrático. La segunda es que este hecho revela que ese mismo aparato institucional no parece capacitado de recursos para modular la acción de un presidente intempestivo por medios estrictamente legales. La tercera, que ante la sucesión de hechos que llevan meses bajo investigación y que parecen cuestionar la honradez y los intereses del presidente -desde la financiación de su campaña a los vínculos con la inteligencia rusa- es difícil entender que no se haya sustanciado aún una iniciativa legislativa o judicial que clarifique esos extremos y los saque del limbo del cruce de acusaciones. Y, en cuarto lugar, y quizá lo más preocupante de todo, está el riesgo de que una eventual obstrucción a la acción del presidente, de estar produciéndose por medios ilícitos, sea vista como un mal menor, como una solución justificable para la opinión pública de un país democrático. En el demérito de Donald Trump cabe apuntar el daño que su actitud y sus políticas están haciendo al modelo institucional. Su continua violación y cuestionamiento de normas de su país en diversas materias -migración, economía, medio ambiente...- alimenta la legitimación del principio de acción-reacción por encima del principio de legalidad. Es un grave peligro para la estabilidad y la convivencia en el sentido de que este principio es incontrolable: el hecho de que a una acción sin sustento legal le responda su obstrucción, sustituye la separación de poderes por otro modelo donde no se garantiza el principio democrático.