MÁS allá del consenso prácticamente total sobre la labor asistencial y la descarga de responsabilidad que aplican sobre el conjunto de la sociedad quienes se dedican al cuidado de las personas dependientes dentro del ámbito familiar, es hora de materializar iniciativas que traduzcan ese consenso a un pacto sociopolítico que sustente el modelo de convivencia del que nos hemos dotado. En esa dirección, el Estatuto de las Personas Cuidadoras, que promueve la Diputación Foral de Bizkaia, viene a cubrir un flanco olvidado: el sistema de soporte familiar que se ha revelado como un activo en situaciones de crisis económica, encara un futuro en el que ganará cada vez más importancia aunque solo sea por la mera evolución de la pirámide demográfica en Euskadi. Con una población cuya esperanza de vida va en aumento, es preciso prever la sostenibilidad de la prestación de sus necesidades. Los datos no engañan y el vínculo familiar de primer grado es, junto a la feminización de la asistencia, característica generalizada. Las personas cuidadoras merecen recibir prestaciones específicas en beneficio de la propia cohesión social. No se debe pretender que el compromiso individual y el vínculo familiar sustituyan a la necesaria implicación social. Las políticas institucionales en favor de las personas dependientes se inician dando soluciones efectivas a las necesidades de las personas cuidadoras. Tiene todo el sentido encarar un esfuerzo compartido en favor de dotar a todas ellas de los recursos, las herramientas precisas y el merecido descanso para el desempeño sostenible de la asistencia. Dedicar recursos públicos a este fin es un ejercicio de coherencia social. Esto incluye ocuparse de las situaciones personales que se sacrifican por parte de las familias de los dependientes. La dificultad para el desarrollo profesional cuando no el abandono de la propia faceta laboral acaban provocando a su vez una indefensión a largo plazo por la falta de recursos propios cuando muchas personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, llegan a la fase de edad en la que requieren a su vez la atención y la solvencia económica que no han podido adquirir por razón de su dedicación a otros. Paliar esta situación con medidas como la EPSV con aportaciones de la Diputación para esas personas no solucionará por sí sola todos los problemas pero empieza a dibujar un horizonte más razonable.