Pensiones: demandas e intereses

MILES de personas, en su mayoría jubilados, volvieron a salir ayer a la calle en Euskadi y en diversas capitales del Estado en demanda de unas pensiones dignas y el blindaje de un sistema público que, tras el retiro laboral, garantice unas retribuciones adecuadas y suficientes que aseguren la cobertura de las necesidades básicas de los mayores. Estas protestas mantienen, con diversos matices, las demandas de las movilizaciones que han venido protagonizando los pensionistas en los últimos meses, aunque resulta evidente que han descendido de manera notable el nivel de asistencia y el tono de las peticiones. Nada hay que objetar ni a la legitimidad de estas manifestaciones ni a los objetivos y exigencias que plantean. El lema tras el que desfilaron de nuevo ayer miles de personas en Euskadi -Pensiones públicas dignas- es ampliamente compartido por la gran mayoría de la sociedad, que asume también la preocupación por la situación por la que atraviesan miles de personas con retribuciones de retiro bajísimas, así como por el futuro del propio sistema, que pasa por una grave crisis que ha generado una generalizada inquietud sobre su viabilidad futura. Así, las asociaciones convocantes reclaman una pensión mínima de 1.080 euros mensuales y su actualización en función del IPC. En este sentido, es necesario recordar que el proyecto de Presupuestos aprobado el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados recoge, tras el acuerdo arrancado por el PNV al Gobierno español, el incremento del 1,6% de todas las pensiones para este año y una revalorización en 2019 en virtud del IPC, además del retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Si las demandas de los pensionistas son legítimas -si bien es necesario calibrar su viabilidad y sostenibilidad-, no cabe decir lo mismo de las intenciones de algunos partidos y sindicatos que buscan sacar réditos particulares de movilizaciones como las de ayer. Si algo ha quedado claro es que los pensionistas no rechazan los términos del acuerdo de los Presupuestos -que son justamente los que ellos reclaman-, sino que exigen que se blinden y se consoliden en el sistema público, una petición razonable que no puede abordarse en el marco de unos Presupuestos anuales. Habrá que ver, por cierto, la propuesta que hace al respecto el programa de gobierno del PSOE en su moción de censura a Rajoy.