LA gravísima sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel que, además de plasmar la actuación de una red institucional corrupta, condena al PP a título lucrativo, da por probada la existencia de una caja B como método de financiación ilegal de esta formación y niega credibilidad al testimonio del líder del partido y nada menos que presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha encendido todas las alarmas democráticas. Máxime cuando el propio Rajoy y el PP no han ofrecido una explicación y se han limitado a minimizar el fallo y justificar su propia actuación sin anunciar siquiera alguna medida frente a la avalancha de casos de corrupción que, por otra parte, volverán a sacudir al PP en los próximos meses. Fiel a su estilo, Rajoy está pagando ahora el precio de no haber afrontado la corrupción en su partido fruto de los nefastos tiempos del aznarato y deja al PP noqueado, desnortado y exhausto. Resulta lógico, en esta tesitura, que los partidos de la oposición exijan responsabilidades al presidente del Gobierno y que si no hay respuesta, como es el caso, busquen las fórmulas democráticas para reconducir la situación. Sin embargo, tanto el PSOE como Ciudadanos han respondido de forma improvisada y de alguna manera mezquina, tratando de buscar ventaja política partidista en lugar de poner por delante los intereses de la ciudadanía. Pedro Sánchez, que está totalmente desaparecido de la escena política tras su regreso a la Secretaría General socialista, ha querido tomar la iniciativa y se ha apresurado a registrar una moción de censura sin tener garantizado un respaldo parlamentario que la avale y, lo que es más significativo, sin capacidad real de sumar a otras fuerzas más allá de Podemos y, en todo caso, de los partidos catalanes independentistas, muy interesados en descabalgar a Rajoy pero que, en buena lógica, exigirían a Sánchez el fin del 155 y el inicio de un diálogo en Catalunya. Ciudadanos, por su parte, está únicamente interesado en un adelanto electoral que le beneficiaría en su estrategia de asalto a La Moncloa. En definitiva, son peligrosos brindis al sol en los que los partidos ponen los intereses propios por encima de la búsqueda de una solución a la grave crisis institucional. En este contexto, cabe preguntarse cuánto habría empeorado la situación sin Presupuestos -y lo que estos suponen para la ciudadanía-, con el 155 en vigor para largo y Albert Rivera al acecho.