Corrupción en beneficio del PP

LA demoledora sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama central del caso Gürtel mediante la que se condena a los cabecillas de la red corrupta por amplios y graves delitos, así como al propio PP como partícipe a título lucrativo es la enésima constatación de un estado de corrupción generalizado que ha anidado en los cimientos de diversas estructuras institucionales, políticas y económicas que han pervertido la esencia misma del sistema democrático en el Estado español. Los hechos probados a lo largo de las 1.687 páginas de la sentencia -que aún no es firme y ya se han anunciado recursos- dan cuenta con inusitada crudeza de unas prácticas delictivas devastadoras que van mucho más allá del método de, como se suele expresar vulgarmente, personas que meten la mano en la caja para su lucro. Porque los jueces acreditan en el fallo que entre 1999 y 2005 las empresas de Gürtel y el PP tejieron “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. Un párrafo literal de la sentencia que define con extraordinaria precisión el concepto mismo de corrupción político-institucional y que describe a la perfección el modus operandi de las diferentes tramas en las que se ha visto envuelto el PP en los últimos años. Porque más allá de las responsabilidades personales, el denominador común en los distintos procesos de corrupción que salpican al PP es la de que las actividades corruptas han derivado en el beneficio del partido. La condena al PP como formación fijada en la sentencia, la primera a un partido político, y la existencia probada de una caja b es, pese a las reacciones del Gobierno español y de los propios populares, de una gravedad inusitada, porque el beneficio que extrajo de las actividades delictivas supone una distorsión del funcionamiento democrático al romper la igualdad entre partidos y no solo -aunque también- durante las campañas electorales. Por otro lado, la consideración del tribunal de que el testimonio en calidad de testigo -es decir, con obligación de decir la verdad- del líder del PP, Mariano Rajoy, no fue lo “suficientemente creíble” sitúa contra las cuerdas al presidente del Gobierno y determina su responsabilidad política -al menos por omisión- en la corrupción de su partido.