LA composición del nuevo Govern catalán dado a conocer ayer por el recientemente elegido president, Quim Torra, es una comprensible reivindicación de la restitución y legitimidad de los consellers destituidos por el Ejecutivo español tras la abusiva aplicación del artículo 155 de la Constitución y, por ello, contiene una formidable carga simbólica, pero, al mismo tiempo, supone una apuesta de alto riesgo del independentismo en su desafío al Estado. La presencia en el decreto de nombramiento del Consell Executiu firmado por Torra de los consellers presos Josep Rull y Jordi Turul -ambos recluidos en Estremera- y de los huidos o exiliados Lluís Puig y Antonio Comín -en Bruselas- abunda en la apuesta de mantenimiento del pulso con el Gobierno y la justicia españolas, en línea con lo acontecido en Catalunya durante el procés que derivó en el referéndum del 1 de octubre. En principio, las personas nombradas consellers que se encuentran en prisión mantienen en vigor sus derechos políticos. Los huidos, por su parte, dadas sus circunstancias en las que están considerados prófugos de la justicia -aunque están a disposición de la misma en Bruselas- tienen más complicada tanto su toma de posesión como el ejercicio del cargo, dados los precedentes. Cuestión esta última que podría solventarse con el nombramiento, a su vez, de sus respectivos “comisionados” encargados de dirigir las distintas áreas, es de suponer que bajo la autoridad de los consellers ausentes. En cualquier caso, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había avisado de que actuaría si Torra optaba por esta restitución. Las voces para que, en esta tesitura, mantenga la aplicación del artículo 155 han surgido de manera automática. Es seguro que el Ejecutivo español intentará impedir estos nombramientos -que ayer mismo calificó de “provocación”- por todos los medios pero sería otra apuesta de riesgo y un grave error que prolongue el 155 una vez que hay un Govern en marcha. Esa era la condición y está cumplida, mal que le pese a Inés Arrimadas. Pero, además, Rajoy debe responder de forma positiva -de momento se ha limitado a darse una semana- al requerimiento del president Torra para concertar una reunión entre ambos y abrir un diálogo político sin condiciones previas, tal y como apuntó Oriol Junqueras. El diálogo institucional es la única manera de resolver un conflicto que ni puede ni debe prolongarse más.