LA toma de posesión de Quim Torra como president de la Generalitat en lugar de quien él mismo considera legítimo president; la irritada reacción del Poder Judicial español a la negativa de la Justicia belga a cumplir la euroorden contra los exconsellers Comin, Serret y Puig, como en su momento ya sucedió con la Justicia alemana respecto a Puigdemont; la negativa del TS a conceder la libertad a Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa en base al riesgo de fuga precisamente porque las decisiones de la Justicia europea propiciarían su marcha a otro país; la extraña propuesta del PSOE de reforma del delito de rebelión en el Código Penal no para adecuarlo a la realidad europea sino para ampliarlo a la actuación institucional y la del PP para obligar al acatamiento expreso de la Constitución en las tomas de posesión de los cargos públicos; el empecinamiento de Albert Rivera en prolongar la intervención del Estado en el autogobierno catalán, bien sea mediante la prolongación del art. 155 o por otros medios... La situación de Catalunya se antoja un despropósito en el que se embarullan los intereses como los ingredientes de la samfaina, combinación típica catalana de todo tipo de verduras que lo mismo sirve de entrante que para acompañar pescados o carnes. Nada en la actitud o declaraciones de Torra parece advertir un cambio de paso del soberanismo catalán, empeñado en dar continuidad al procés que ha derivado en la actual situación de intervención de su autogobierno. Tampoco nada en la actitud o proclamas de Rajoy permite adivinar que las presuntas disposiciones al diálogo puedan cuajar en algo concreto a partir de que Torra forme gobierno, más allá de la obligada retirada del art. 155 -porque así lo explicitó el Senado en su día al aprobar su aplicación- que supone el hecho de que Catalunya cuente con un nuevo ejecutivo salido de las elecciones convocadas en base a dicho artículo. Y no se adivinan en la Fiscalía y el Poder Judicial españoles iniciativas proclives a sortear las dificultades que su actitud añade a la resolución del problema. Sin embargo, Catalunya no podría soportar que se mantenga o repita la dilución de sus instituciones en las del Estado; Rajoy necesita aprobar sus presupuestos porque un adelanto electoral conlleva la amenaza de sorpasso de C’s; y el Poder Judicial no puede seguir sonrojándose cada vez que Europa deje en evidencia la escasez de sus fundamentos jurídicos y democráticos.