El fin del 155 o lo impredecible

LA investidura de Quim Torra como 131º president de la Generalitat con 66 votos a favor (JxCat y ERC) y cuatro abstenciones (CUP) contra los 65 que sumaron C’s, PSC, Comú-Podem y PP pone 199 días después fin a una mínima parte institucional, la destitución de Carles Puigdemont, de la extrema excepcionalidad que supone la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Más allá de esta investidura, la formación del nuevo Govern, a partir de hoy, para su imprescindible ejercicio inmediato, debe en todo caso llevar a que el consejo de ministros de Mariano Rajoy diluya la intervención del autogobierno catalán para que las instituciones del Principat recuperen toda la capacidad que les otorga el Estatut. Que Rajoy se reúna hoy mismo con los dos partidos, PSOE y Ciudadanos, que apoyaron al PP en la aplicación del artículo 155 en Catalunya tras ofrecer “entendimiento y concordia” a Torra debería ser una señal de que el presidente español, siquiera acuciado por la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ante las exigencias al respecto planteadas por el PNV, pretende abrir una nueva etapa que le permita hallar una solución a la disyuntiva catalana que hasta el momento ni siquiera se había molestado en buscar y que lo haga a través de un diálogo por el que también abogó Torra en su investidura. Lo contrario, la prolongación de la excepcionalidad en Catalunya, no contaría con base legal por cuanto el nuevo Govern -salido de unas elecciones convocadas en base al propio artículo 155, conviene no olvidarlo- cuenta con la legitimidad de la mayoría parlamentaria y no ha podido cometer ninguna supuesta irregularidad por anticipado y supondría una ruptura definitiva de puentes en el diálogo que el Estado necesita y debe mantener con aquellos a los que no satisface la realidad política que contiene y ofrece. De que Rajoy así lo comprenda más allá de las proclamas y discursos de la investidura de Torra, perfectamente legítimos por otro lado, dependerá tanto la desactivación de los riesgos provocados por el enfrentamiento institucional y de legalidades que se produjo el pasado año como que el propio Rajoy y el Estado mismo puedan eludir una crisis política de enormes proporciones y consecuencias no previsibles que derivaría de la incapacidad de salvar el trámite presupuestario y la obligación de convocar nuevas elecciones legislativas en los próximos meses.