Insostenible

NO cabe distraer de la realidad con la detención o no de Puigdemont o su resistencia a declarar en (que no ante) la Audiencia Nacional (AN). Lo relevante es que el en democracia aberrante auto de prisión dictado por la jueza Carmen Lamela contra nueve miembros del Govern no solo fuerza la interpretación de los hechos juzgados del mismo modo que lo hace la Fiscalía para poder construir un tipo penal de gravedad suficiente que lleve al encarcelamiento, sino que ignora fundamentos de la administración de Justicia imprescindibles para que esta sea considerada ajustada a derecho. Así, el enjuiciamiento de los miembros del Govern se efectuó con absoluta falta de garantías de defensa e incumplimiento de la Ley de Enjuiciamientio Criminal, que dispone la obligatoriedad de que el acusado cuente con el atestado antes de ser llamado a declarar para poder preparar su defensa, lo que no se cumplió con la citación solo 24 horas antes y en festivo. Esa falta de garantías, además, queda acreditada por la actitud del Tribunal Supremo que, con el fin de paliarla, otorgó una semana a los miembros de la Mesa del Parlament acusados de los mismos delitos en causa idéntica y paralela. Por otro lado, Lamela ignoró también la propia jurisprudencia de la AN respecto a su incompetencia para juzgar uno de los delitos, el de rebelión, toda vez que el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN, por unanimidad, así lo dictaminó en diciembre de 2008. Dicha incompetencia habría hallado además vía para la inhibición de Lamela en el auto del lunes por el que el Supremo se declaraba competente para juzgar a la Mesa del Parlament y “todas las causas relacionadas”. Para colmo, la justificación de la causa por la Fiscalía -y los razonamientos del auto de la jueza- está en gran parte basada en escuchas a los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y varios consellers en la investigación de la denuncia de Vox contra el juez Vidal tras las declaraciones de este sobre la utilización de datos fiscales de los catalanes, escuchas cuya cesión se ha solicitado para incorporarlas a esta causa sin su correspondiente motivación jurídica. El desatino no es solo insostenible desde el punto de vista democrático, lo es también desde el jurídico, lo que avala la consideración de la causa como juicio político y permite prever el éxito en un predecible recurso ante las instituciones judiciales europeas, el descrédito de la justicia española y, con ella, del Estado.