LAS medidas adoptadas ayer por el Consejo de Ministros del Gobierno español para la aplicación del artículo 155 de la Constitución son de una gravedad extrema que atenta de forma flagrante, antidemocrática e ilegítima contra la soberanía popular y las legítimas instituciones catalanas, supone la suspensión del autogobierno de Catalunya al que tienen derecho sus ciudadanos y echa por tierra el Estado de las Autonomías y el maltrecho consenso constitucional retorciendo y violando de facto la letra y el espíritu de la propia Carta Magna. Si en las últimas semanas, y con evidente desproporción, algunas fuerzas y representantes políticos y medios españoles habían tachado de “golpe de Estado” el procés catalán y su apuesta por el derecho a decidir, de la misma manera se podría concluir que esta insólita aplicación del artículo 155 supone un golpe del Estado sin precedentes al autogobierno y a la propia democracia. Es obligado señalar que aunque ha sido el Consejo de Ministros y el presidente español, Mariano Rajoy, quienes han tomado la decisión de aplicar de una manera tan agresiva el ya de por sí controvertido precepto constitucional, las medidas adoptadas -a falta de la segura aprobación del Senado- han sido consensuadas entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, por lo que la responsabilidad de la grave situación en la que queda Catalunya y todo el Estado es compartida entre estos tres partidos.

LA destitución del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todos los consellers que forman el Govern, la toma del control por parte del Gobierno español de las funciones que corresponden al Ejecutivo catalán y de instituciones y organismos como los Mossos d’Esquadra y la radiotelevisión catalana TV3 y Catalunya Ràdio, la usurpación por parte del propio Rajoy de la facultad de convocar elecciones -que tiene en exclusiva el president-, la inaudita intervención del Parlament -órgano legislativo conformado por la representación de la voluntad popular democráticamente expresada por la ciudadanía catalana- despojándole de competencias y aplicando una ilegítima capacidad de veto sobre sus decisiones -soberanas, en pura teoría democrática- suponen la constatación de un estado de excepcionalidad -o, en realidad, de un estado de excepción encubierto- cuyas consecuencias ni siquiera se pueden atisbar pero a buen seguro quebrarán la convivencia y dejarán profundas heridas en la sociedad catalana y en su relación con el Estado español que probablemente no cicatrizarán nunca.

EN su comparecencia de ayer, Mariano Rajoy insistió en los falsos argumentos de que estas medidas se adoptarán para “garantizar íntegramente los derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad” y que “no se suspende la autonomía de Cataluña” porque el Estatut de Autonomía “sigue en vigor”. La realidad es que el Estatut, así como las instituciones propias de Catalunya, han quedado arrasadas de manera unilateral.

EN definitiva, el desproporcionado paquete de medidas impuesto, unido a la activación de la acción policial represiva y judicial -ayer el fiscal general del Estado amenazó a Puigdemont con una querella nada menos que por “rebelión”-, suponen no solo la ruptura del modelo autonómico, sino la quiebra del diálogo político como forma de encarar los conflictos en democracia. Esta actuación, asimismo, pone en evidencia que el actual marco constitucional ya no es el punto de encuentro que el discurso del Gobierno y el rey pretenden.

ANTE este gravísimo ataque al autogobierno y a la voluntad mayoritaria de Catalunya, la respuesta de los legítimos representantes y de las instituciones catalanas debe ser prudente. De momento, la multitudinaria manifestación de ayer, convocada para pedir la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural pero que estuvo mediatizada por la decisión del Gobierno español, fue igual de pacífica y plural que las anteriores movilizaciones. El president, Carles Puigdemont, no aclaró en su comparecencia de anoche cuál será la respuesta que adoptará, aunque avanzó que girará en torno a la defensa de las instituciones frente a la “humillación” que pretende Madrid y que el Parlament celebrará una próxima sesión para decidir qué pasos se darán. Entre las opciones, está la activación inmediata de la declaración de independencia o la convocatoria de elecciones antes de su destitución. Un escenario, en cualquier caso, endiablado ante el que solo cabe llamar a la responsabilidad que Rajoy y su Gobierno no han tenido.