La democracia o su legalidad

AUNQUE el Gobierno Rajoy y sus terminales mediáticas traten de presentar el encausamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del expresident de la Generalitat, Artur Mas -con la amenaza de una pena de inhabilitación de diez años-, y las exconselleras de su Govern, Joana Ortega e Irene Rigau, como sobrevenido a un incumplimiento legal por la realización de las votaciones del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya; lo que se dirime en el juicio es, en realidad, la preponderancia de principios esenciales democráticos o su subordinación a una concreta interpretación de la ley. En primer lugar, tanto el debate previo como la prohibición por el Tribunal Constitucional y el desarrollo de las votaciones del 9-N no se pueden analizar estrictamente bajo el filtro de la legalidad sin admitir por un lado el feroz retorcimiento de la misma con el fin de impedir el ejercicio del voto en Catalunya y la tendenciosidad de los órganos judiciales encargados de dirimir la cuestión. Y por otro lado también la búsqueda de los resquicios que permitieran eludir esa interpretación de la legalidad restrictiva de fundamentos democráticos tales como el de representación política, el de mayoría parlamentaria o el de la supeditación a esta del ejercicio de gobierno. En otras palabras, es peligroso considerar un contraste entre democracia y legalidad cuando está en debate la legitimidad de interpretaciones distintas de esa legalidad: la que deriva de la realizada por el TC en Madrid y la que emana de la lectura que realiza el Parlament de Catalunya. No en vano, aunque esa misma legalidad contempla al TC como responsable de su interpretación, no es menos cierto que los métodos de elección de sus miembros y el peso de principios ideológicos y/o intereses partidarios desvirtúan su primacía. Es decir, es la incapacidad para dilucidar entre ambas interpretaciones desde el equilibrio, la justicia y el sentido común -desatino en el que la mayor parte de responsabilidad recae en Mariano Rajoy, que precipitó todo al dinamitar la reforma estatutaria catalana- la que traslada el debate a otro plano, el de la supremacía de la ley o de la democracia entendida como modelo ordenado de gestionar la divergencia desde el respeto entre diferentes. Y en ese plano acaso convendría preguntar cómo en el proceso de la historia se alcanza la segunda -también en el Estado español- sin previamente adaptar (o reinterpretar) la primera.