Para qué quieren Garoña

LA filtración del carácter positivo del informe que, elaborado por la dirección técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), supedita a una serie de inversiones la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña pero no rechaza esta, forma parte de los enrevesados intereses que se mueven en torno a la planta -cerrada en diciembre de 2012, dos años después de los 40 de vida estipulados inicialmente en su entrada en funcionamiento en 1971-, cuya reapertura fue solicitada por sus propietarios, Nuclenor, para seguir operando hasta 2031, es decir, hasta cumplir 60 años. No en vano, el informe técnico ya se dio a conocer del mismo modo en febrero de 2016 y debía haber sido trasladado al pleno del CSN en el segundo semestre del pasado año aunque este, formado por cinco consejeros de designacion política (tres del PP y dos del PSOE), haya pospuesto la deliberación, por motivos de oportunidad electoral y sin que el CSN respondiera a las peticiones de comparecencia parlamentaria, hasta hoy, en medio de un intenso debate público sobre la carestía de la energía eléctrica. Más aún, durante el tiempo en que los técnicos habían venido elaborando el informe, plantearon exigencias de mejoras e inversiones en la central que no han sido realizadas en su integridad, pese a lo que la dirección técnica que encabeza Eduardo Munuera Bassols, nombrado en abril de 2013 por el ministro José Manuel Soria, emitió un dictamen que no impide la reapertura de la que sería la quinta central operativa más antigua del mundo pese a contar con la misma tecnología y similares riesgos a los de la japonesa de Fukushima, que colapsó en marzo de 2011. Pero Garoña, que además apenas aporta el 1% de la energía en el Estado y produce menos de la mitad que las otras nucleares (466 Mw frente a los más de mil del resto) por lo que no es ni mucho menos necesaria, es sin embargo la primera de las nucleares estatales que cumple su ciclo de vida útil y la emisión de un dictamen favorable a su reapertura permitiría la revisión del ciclo de vida útil del resto de las centrales que -Almaraz I (2021), Asco I y Almaraz II (2023), Cofrentes (2024), Asco II (2025) y Vandellós II (2028)- deberían cerrarse en los próximos diez años; también favorecería la posibilidad de su propia reconversión en almacén de residuos radiactivos ante los dictámenes contrarios al emplazamiento original en Villar de Cañas (Castilla-La Mancha).