Más que ayer, menos que mañana

QUE ayer el precio de la electricidad alcanzara un nuevo récord histórico con 88 euros el megavatio-hora (MWh), y hoy se incremente en otros 2 euros, culminando una subida del precio de más del 50% en el último año, no es consecuencia -por mucho que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, lo pretenda- de la metereología que afecta a la producción a través de hidroeléctricas y renovables y a la demanda por el incremento de la misma; ni de la falta de regulación o control del mercado del gas. De hecho, la caída de la producción de las renovables tiene más causa en una legislación draconiana aprobada por el Gobierno del PP y el encargo a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia del análisis y control de los precios gasísticos es anterior a estos últimos incrementos, que no deberían entenderse consecuencia de la relación entre oferta y demanda cuando el Estado español no tiene problemas para alcanzar la producción necesaria de electricidad en el mayor pico de consumo de los últimos cuatro años (más de 46.000 megawatios) y exportar al Estado francés (con casi la mitad de sus nucleares en parada técnica por revisión desde hace meses), al mismo tiempo. Por tanto, las medidas anunciadas ayer por el Gobierno español como si hubiesen sido tomadas para paliar la subida de precios (lo que no es cierto por cuanto el denominado “creador” del mercado de gas ya había sido sacado a concurso y adjudicado a una empresa) no evitarán que durante este año siga incrementándose la cuantía de los recibos ni mucho menos solucionarán los graves problemas de un sistema energético y de tarifas que exige una mucho más profunda transformación. Basta para comprenderlo considerar que el Gobierno Rajoy cambió la subasta eléctrica y sustituyó la tarifa referenciada trimestralmente por la actual, referenciada al precio de cada hora, después de que el 18 de diciembre de 2013 se alcanzaron los 91,89 euros por MWh, precio que se puede superar en los próximos días en demostración de que aquella presunta reforma aprobada en tiempos del ministro Soria era superficial, no actuaba sobre las causas del precio de la luz (es apenas el 35% del recibo, mientras el 60% se va en peajes e impuestos) ni reducía el déficit de tarifa, que volvió a incrementarse en más de 3.000 millones anuales como hasta entonces.