DE la polémica artificial montada en torno a la ausencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, en la denominada Conferencia de Presidentes que convocó Mariano Rajoy el martes cabe extraer una conclusión: la ignorancia, interesada o por simple desconocimiento, de las peculiaridades del autogobierno vasco que se estipulan en el Estatuto de Gernika y se contemplan así mismo en la Constitución de 1978. Si es interesada, la ignorancia de esas peculiaridades justifica sobradamente la ausencia del lehendakari Urkullu y de cualquier otra representación institucional vasca en dicha conferencia, por cuanto esta cita tendría entre sus no confesados objetivos el de ahormar el autogobierno que aprobaron los vascos en referéndum, y que sin perjuicio de sus derechos históricos pactaron con el Estado, entre aquellas autonomías concedidas posteriormente por el Estado a las regiones que lo conforman; es decir, trataría de otorgar el mismo nivel de interpelación a la capacidad de autogobierno de las comunidades históricas que se constituyó a través de la denominada vía especial, por el procedimiento establecido en el artículo 151, y a las autonomías reducidas que se constituyeron por la vía lenta a través del artículo 143 de la Constitución. Y si es por simple desconocimiento, lo que no cabe imaginar en los responsables políticos del Gobierno español, es preciso en todo caso aclarar dichas peculiaridades, ya que la citada Conferencia de Presidentes se centró en dos materias, la financiación y la fiscalidad, para las que Euskadi goza de un régimen especial que incluye la bilateralidad en su relación con el Estado. Así, mientras la financiación del resto de las comunidades -con la excepción de Nafarroa- se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), aprobada en 1980, y su fiscalidad es la del régimen general del Estado, Euskadi goza en ambas materias de un sistema propio con origen en el Derecho Foral y detallado en el Título III del Estatuto de Gernika; un sistema que se articula a través del Concierto Económico y establece el mecanismo del Cupo, acordado por una Comisión Mixta -paritaria y bilateral- entre las instituciones vascas y los representantes del Estado y cuya liquidación (1.600 millones a percibir por Euskadi, según los cálculos del Gobierno vasco) está pendiente desde hace casi una década.