DECENAS de miles de personas secundaron ayer el llamamiento de la plataforma ciudadana Sare y acudieron a la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Bilbao en defensa de los derechos de los presos. Un año más, la tradicional movilización que tiene lugar por estas fechas contó con importantes adhesiones, destacables ausencias y una simbólica presencia, a título estrictamente personal, de diversos responsables políticos, sociales y culturales de Euskadi. Más allá de la pluralidad de la composición de la organización convocante, Sare, los organizadores de la manifestación deben ser también conscientes -y, según han declarado en varias ocasiones, lo son- de que el hecho de no participar en esta marcha no significa en absoluto que no se comparta -como hace la inmensa mayoría de la sociedad vasca- la necesidad de una política penitenciaria basada en el respeto a los derechos humanos de los reclusos, que esté orientada a la resocialización, que se ajuste escrupulosamente a la legalidad -incluida la de los convenios europeos-, que excluya de manera clara y efectiva el castigo o doble castigo basado en la venganza y que, en definitiva, favorezca el ejercicio de los derechos básicos que tienen todas y cada una de las personas encarceladas así como sus familiares. Tampoco ignoran los convocantes que esta manifestación anual es sistemáticamente instrumentalizada desde sus inicios por la izquierda abertzale con intereses ajenos a la supuesta causa humanitaria de la convocatoria. Además, es muy cuestionable que la mera movilización, por muy multitudinaria que sea, pueda hacer variar la posición del Gobierno español, cómodo en su intransigencia mientras la alternativa que se le plantee sea la respuesta en la calle. De ahí que la marcha de ayer únicamente haya contado, una vez más, con la adhesión oficial de EH Bildu y de ningún otro partido político vasco. Hace ya tiempo que ha quedado meridianamente claro que la movilización anual es una estrategia agotada si lo que realmente se pretende es defender los derechos de los presos, el fin del alejamiento de sus lugares de origen y la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos. El nuevo paso anunciado por el EPPK puede marcar el inicio de una nueva fase en la que el desarme y la disolución de ETA darían carta de naturaleza al impulso y concreción de una política penitenciaria acorde a la realidad de Euskadi.