LA confirmación por el gobierno que preside Mariano Rajoy de la presentación ante el Tribunal Constitucional del recurso contra la Ley Vasca de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias o Ley de Adicciones confirma asimismo la ausencia de cambio en el talante impositivo que el Ejecutivo del PP ha empleado durante cinco años y en su desconsideración con la auténtica dimensión de la capacidad de autogobierno de Euskadi; lo que imposibilita a dicho autogobierno desarrollar, en comparación con el Estado, legislaciones más avanzadas y acordes con la realidad y necesidades sociales. El pretexto de que el artículo 83 de la ley, referido a las entidades de personas consumidoras de cannabis o clubes de cannabis, invade competencias estatales o, como en su día sostuvieron los ministerios de Justicia e Interior, choca con el Código Penal, no es sino eso, la excusa necesaria para impedir que Euskadi cuente con una ley tan necesaria como avanzada en numerosos aspectos más allá del consumo de cannabis y acorde respecto a este con la tendencia europea que se hace patente en las legislaciones de países como Dinamarca, Suiza, Reino Unido, Holanda o Portugal y con la propia realidad social del Estado, donde pese a ese Código Penal existen más de 700 clubes o asociaciones de consumidores que engloban a más de 200.000 personas. De hecho, la propia sentencia del Tribunal Supremo que, en octubre de 2015, medio año antes de que el Parlamento Vasco aprobara la Ley de Adicciones, dictó respecto a una asociación vasca, imponía severas condiciones a la legalidad de los clubes de cannabis pero admitía la misma en caso de cumplimiento de la normativa vigente que el art. 83 de la ley vasca, lejos de contravenir, especifica como objetivo a incluir por los clubes. En definitiva, no se trata de que el Gobierno español pretenda hacer frente a lo que desde el PP han denominado “droga ilegal” obviando que su consumo -el Estado ocupa el tercer lugar en el ranking europeo- no lo es en todos los casos, sino de la adicción que sufre el Ejecutivo que preside Rajoy a imponer sus designios, especialmente evidente en lo referido a la capacidad de Euskadi para autogobernarse, compulsión que le impide percibir la realidad de su situación de dependencia por su precariedad parlamentaria en Madrid tras la pérdida de la mayoría absoluta.