LA posibilidad cierta de que el Gobierno español retire el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que anunció en julio contra la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi o Ley Municipal vasca antes de que expire el plazo para hacerlo el próximo sábado se puede entender un refrendo de la vía del diálogo en la solución de las discrepancias entre administraciones o también pretender ser un gesto que contribuya a la distensión entre el PP y el PNV debido a las necesidades parlamentarias del Gobierno que preside Mariano Rajoy. Podría ser hasta ambas cosas. Sin embargo, incluso de serlo, vendría a confirmar el impulso político que llevó a la presentación del recurso, de múltiples recursos más bien, y la utilización de los mismos no como intento de preservar un supuesto interés estatal sino como herramienta con la que ahormar la iniciativa legislativa en Euskadi, la actividad parlamentaria del nacionalismo vasco en Madrid y las necesidades de nuestra sociedad a los intereses particulares del Gobierno Rajoy sin detrimento de una determinada ideología que entiende como fortaleza del Estado la minorización del autogobierno con que se dotó la sociedad vasca mediante la aprobación del Estatuto. No puede entenderse de otra forma el recurso ante el TC contra una ley como la municipal, que apoyó la mayoría absoluta del Parlamento Vasco y quienes gobiernan en 197 de los 251 municipios de Euskadi y al 87% de su población y que venía a completar la estructura institucional de nuestro país cubriendo un vacío legal que no se había logrado superar durante cuatro décadas. Ahora bien, que finalmente ese recurso pueda ser retirado, tanto si es resultado de un ejercicio de diálogo como si es una supuesta muestra de voluntad, es apenas el primer nudo de muchos a deshacer en la intrincada atadura -ahí están los recursos contra la ley de la ILP vasca, la de Vivienda y la de Fracking, contra las promociones de la Ertzaintza, contra la jornada laboral de la función pública, también la normativa estatal que cercena las competencias educativas...- con que se ha pretendido inmovilizar gran parte de las capacidades de nuestro autogobierno. Y ese explicitado diálogo y esa supuesta voluntad solo servirán de algo al Gobierno Rajoy si le llevan a renegar de su pretensión de ahormar el autogobierno a su limitado horizonte ideológico y a soltar todos los nudos atados en los últimos meses.