SI la pretendida nueva actitud del Gobierno que preside Mariano Rajoy se mide por su apertura al debate respecto a la reforma de la educación que impuso bajo el nombre de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) o ley Wert, soliviantando a todos los sectores de la comunidad educativa, y el alcance de ese debate lo dan las evidentes reticencias que muestra el PP cada vez que afronta el debate del tema -ya sea con las comunidades autónomas, ya sea, como esta semana en el Congreso-, cabe asegurar que nada ha cambiado respecto a los primeros cinco años de Rajoy en la presidencia del Gobierno. De hecho, todo el movimiento se ha limitado hasta ahora a presentar el borrador que, con fecha de 6 de octubre, elaboró el Ejecutivo para regular las características de las reválidas finales de ESO y Bachillerato cuando esas reválidas están directamente cuestionadas y más allá de que tengan o no efectos académicos en el presente curso, el decreto incluye sin embargo fechas concretas para el curso 2017-2018, son parte esencial en el debate educativo que pretende evitar la implantación efectiva de la Lomce tal y como fue aprobada por la extinta mayoría absoluta del PP. No en vano, el mismo borrador que el Gobierno pretende presentar como un cambio de postura establece directamente, por ejemplo, el grado de competencia respecto a las materias y temarios de las reválidas tanto en ESO como en Bachillerato, que se reserva al Estado en un 80% y un 70% respectivamente, lo que en el caso de Euskadi atenta directamente contra el autogobierno en materia educativa. Del mismo modo, el borrador también incluye los cuestionarios de contexto que podrían dar base a crear rankings de centros y la enorme valoración (40%) del examen frente a la media del expediente académico (60%). En resumen, el Ministerio que dirige Iñigo Méndez de Vigo desde hace ya diecisiete meses sigue sin alterar un ápice el fondo y la forma de la ley Wert que impulsó su predecesor en el Ministerio y contra la que, cabe recordar, todos los grupos parlamentarios de la oposición firmaron un compromiso, el de abolirla en cuanto lograran mayoría parlamentaria suficiente que ahora sí alcanzarían para hacerlo en el Congreso. Pero de momento, la Lomce del Partido Popular sigue activa y vigente.