EL anuncio por la Diputación Foral de Bizkaia de una nueva campaña de control de emisión de tickets o facturas en establecimientos hosteleros y comerciales tras las tres realizadas con anterioridad (solo 65 de los 277 establecimientos controlados cumplían la normativa) viene a incidir en la necesidad de concienciar contra el fraude y la elusión fiscal desde las operaciones cotidianas. No en vano, la mayor parte del fraude aflorado en el último ejercicio 2015 -227,6 millones de un total de 447- correspondió al impago de liquidaciones del IVA por lo que una de las principales preocupaciones de la inspección fiscal en 2016 ha sido la de evitar la utilización del denominado software de doble uso en las cajas registradoras. Y puesto que el fraude fiscal está en relación inversamente proporcional a los medios dedicados a su erradicación, toda medida destinada a detectarlo y eliminarlo, también en las pequeñas operaciones comerciales, debe entenderse únicamente como un modo de recuperar capacidad económica que revertir en la sociedad. Ahora bien, sentada la exigencia de acabar con todo tipo de fraude, cabe reclamar idéntico celo frente a todas las diversas formas que este adopta, e incluso un celo mayor en los casos en los que su monto es muy superior. Lo que pasa por dar a conocer asimismo los resultados del operativo antifraude que, por ejemplo, estaba previsto establecer este año sobre compañías en concurso de acreedores con deudas fiscales superiores a los 300.000 euros; o notificar el efecto del anunciado cambio normativo sobre la erradicación de tributaciones artificiosas de grandes compañías internacionales; o evidenciar la realidad de la escasa incidencia sobre la evasión de impuestos de la reforma fiscal aprobada en el Estado. Cabe recordar, en este punto, que un informe elaborado por los expertos de la UPV Mari Carmen Gallastegui, Javier Fernández-Macho e Ignacio Zubiri por encargo del Gobierno vasco cifraba el fraude anual en impuestos en Euskadi en 2.320 millones de euros y calculaba el peso de la economía sumergida en nuestro país en el 17% de la economía legal (5 puntos menos que en el Estado y en el entorno de la media europea) lo que supuso, sólo entre 2011 y 2014, más de 3.700 millones menos de recaudación anual, casi la totalidad del déficit acumulado durante todo ese mismo periodo.
