LA estadística de los servicios de urgencias de Osakidetza, con una media anual de medio millar de atenciones a adolescentes con casos de etilismo agudo (el 12% del total) o el incremento del número de sanciones a menores por consumo de alcohol en la vía pública en Bilbao son algo más que evidencias de una práctica que, por sus efectos inmediatos sobre la convivencia y a medio plazo sobre la salud pública, demanda una actitud decidida por parte de la sociedad. Porque, efectivamente, es en la sociedad en conjunto en donde recae la responsabilidad de un fenómeno que en la última década parece generalizarse y ante el que las estrategias y políticas preventivas dispuestas hasta el momento no parecen alcanzar los resultados deseados. La complejidad del fenómeno, de causas múltiples, casi individuales, hace que la prevención no pueda ser universal, sino que deba sustentarse en la corresponsabilidad de todos los agentes que interactúan con la juventud, especialmente los mismos jóvenes, su ámbito familiar y su entorno educativo. Y que el alcohol sea la droga de consumo más temprano (13,5 años es la media de iniciación independientemente del género) y con una penetración importante (en el Estado, el 71% de los jóvenes de 14 a 18 años lo han probado y 6 de cada 10 se han emborrachado alguna vez) da medida del problema. Ahora bien, esa misma medida y su afección a la convivencia y la salud pública hace que incumba asimismo a las instituciones. No es fácil atajar una costumbre, la de la socialización en torno al alcohol, arraigada en nuestra sociedad a lo largo del pasado siglo si no antes, ni evitar que la normalización de la misma en las costumbres adultas tenga algún tipo de reflejo a edades excesivamente tempranas, pero las políticas institucionales deben, incluso sin obviar la aceptación cultural entre nosotros del consumo de alcohol, tratar de modificar esos patrones de conducta. Y cabe recordar que si la ingesta de alcohol está legalmente vetada a los menores de 18 años (Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad), cabe restringir y regular de manera mucho más estricta y sobre todo controlada que la actual no solo ese consumo, como se ha hecho en el caso del tabaco, sino de modo especial los subterfugios en la distribución y comercialización indebida de bebidas alcohólicas.