Fundamental, pionera y propia

EL acuerdo logrado por EAJ/PNV y EH Bildu para aprobar en el Parlamento Vasco la Ley Municipal y de Entidades Locales de Euskadi es mucho más que el resultado de un proceso iniciado hace dos años en el Primer Consejo Municipal de Euskadi, que reunió a gobierno, diputaciones y Eudel bajo la presidencia del lehendakari Iñigo Urkullu. También más que el producto del año largo de reuniones bilaterales con todos los partidos y de negociación política directa entre las dos formaciones que, de momento, suscriben el proyecto. El acuerdo dotará a Euskadi de una ley fundamental, ya que completa la arquitectura institucional de nuestro país tres décadas y media después; a la vez que pionera, puesto que es la primera que resuelve las dos facetas que marcan la actuación de los ayuntamientos: competencias municipales y financiación para hacer frente a las mismas; y lo hace, además, con una virtud añadida: preserva en el ámbito local el autogobierno vasco respecto a la legislación básica estatal a través de las disposiciones adicionales añadidas hace más de dos años por el PNV en la tramitación parlamentaria en Madrid de la Ley 27-2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que afectaba a la competencia sobre régimen local del art. 10.4 del Estatuto de Gernika. Esto es, la nueva ley verá la luz a través de una doble negociación, en Euskadi y con el Gobierno del Estado. Si se añade que los firmantes del acuerdo gobiernan en 197 de los 251 ayuntamientos de la CAV (78,4%), es decir, a casi dos millones de vascos (1.924.700), el 87,9% de la población, no hace sino sumar legitimidad a la que ya ostenta en el ámbito parlamentario con 48 de los 75 escaños (64%) de la Cámara vasca, que deberían ampliarse si en la definición parlamentaria de la misma no priman los intereses partidarios a corto plazo frente a los intereses de los municipios vascos. No en vano, la ley dota a los ayuntamientos de una autonomía sin precedentes con el reconocimiento explícito de 37 competencias y les otorga voz y voto en los órganos que determinan la financiación, pero también en la interlocución con los otros niveles institucionales, solucionando disputas históricas en ámbitos como las ayudas sociales, la educación y el euskera desde la apuesta y el compromiso por la transparencia y la cercanía al ciudadano.