El 20-D es el día en que los ciudadanos de este país han sido llamados a las urnas para elegir un nuevo Gobierno de la nación. Tras cuatro años de legislatura, las leyes elaboradas, por el Parlamento democrático, obligan a que se lleven a cabo unos comicios electorales. Es por tanto un hecho democrático el ser convocados a que ejerzamos nuestro derecho al voto.

También debería haber sido un deber democrático que las bases de los partidos eligieran a los candidatos al Congreso y Senado. Un hecho que no sucede en varias de las formaciones políticas. Se secuestra la voluntad de quienes se muestran cercanos a una ideología determinada. Una de ellas y la que debería dar ejemplo es el PP. Afirmo que deberían ser los conservadores porque gobiernan en España y su ejemplo podría servir para dar una imagen de una democracia consolidada. Desafortunadamente no es así. Los candidatos son el fruto de la imposición a sus afiliados. Una prueba clara y contundente la tenemos en el País Vasco. El ministro actual de Sanidad, Alfonso Alonso, encabezará la lista del PP al Congreso por Álava. No tengo noticias de que haya habido una elección por parte de los afiliados. Tampoco nadie sabe cómo en Gipuzkoa Borja Samper encabeza la lista por el PP en ese territorio.

Todo esto desacredita no solo al partido y a quienes le representan si no que daña a la democracia. El sistema que nos hemos dotado como forma de organizarnos está dañado. El sistema de este país padece una enfermedad que se va adueñando de la sociedad. La democracia interna de los partidos no existe. Los partidos como el PP son organizaciones con los vicios de la dictadura y el totalitarismo. Por ello cuando introduzcamos nuestro voto en las urnas debemos tener en cuenta, entre otras cuestiones, qué partidos se han democratizado.