Equidad en ayudas y bonificaciones

No puedo por menos que aplaudir la propuesta de nuestro lehendakari en orden a afrontar un gran pacto que reconduzca la política de protección social en el ámbito competencial de su gobierno, que se sostenga en contenidos de equidad, eficacia y eficiencia. Entiendo que aunque figurase en su agenda, lo motivante de su anuncio lo ha provocado el agotamiento de recursos, que aparte de verse reducidos en un 42,34% en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, pone en duda que se puedan satisfacer las peticiones cursadas en primer trimestre del actual. ¡Vaya desfase! Y no me vale, al menos a mí, que todo es atribuible al socorrido, y muy manoseado por algunos, dicho de “es consecuencia de la herencia recibida”. Anteponiendo mi condición de humilde ciudadano, me atrevo a contribuir con una aportación a ese posible pacto, subrayando la justa necesidad de que atendiendo al irrenunciable principio de equidad, sea este el eje sobre el que gire, a diferencia de como se practican en ayudas o bonificaciones, también de caracter social por otras Instituciones; por ejemplo en transportes colectivos, que las conceden por igua a quien dispone de una renta de 40.000 euros que al que no alcanza los 10.000, con el solo requisito de ser mayor de 65 años, tener una discapacidad determinada o familia numerosa. Por encima de todo y dentro de los límites presupuestarios, debe prevalecer el concepto de equidad, constituyendo hoy por hoy el instrumento de mayor rigor, la declaración de la Renta, independientemente, a estas alturas, de la disipada duda de existencia de defraudadores, malversadores, corruptos y otras lindezas, muy de actualidad, que esperemos no tendrán el rostro de solicitar ayudas o bonificaciones, aunque algunos, por lo que acabo de comentar (65 años) se vean beneficiados por el ejemplo expuesto, a pesar de sus apañados recursos. Lo dicho, total equidad.