Un hito institucional vasco

EL Proyecto de Ley Municipal aprobado por el Consejo de Gobierno presidido por Iñigo Urkullu supondrá, una vez cumplimentado su trámite parlamentario, la culminación legislativa del entramado institucional vasco y, por tanto, el hito de la superación de la principal carencia del mismo, pendiente durante tres décadas y media. Si como se adivina, el proyecto logra el consenso necesario, la Ley Municipal logrará plantear un régimen local vasco diferenciado del general del Estado; un régimen que respete, frente a la todavía reciente Ley de Racionalización de la Administración Local española y gracias a las enmiendas a la misma planteadas por el PNV en el Congreso, las competencias propias que marca el art. 10.4 del Estatuto de Gernika y que contempla la reserva de los Derechos Históricos que se plantea en la Disposición Adicional de la Constitución de acuerdo con la peculiaridad del sistema derivado del Concierto Económico. En ese sentido, la futura ley no solo plantea las 37 competencias municipales sino también su régimen financiero así como el reconocimiento del papel troncal de los municipios en el entramado institucional vasco, que se contempla con la inclusión de su participación tanto en el Consejo Vasco de Finanzas como en el Órgano de Coordinación Tributaria cuando afecte a los municipios la distribución de ingresos. Pero, además, la nueva ley servirá al mismo tiempo para incluir y desarrollar los principios de gobernanza municipal que emanan de la Carta Europea de Autonomía Local, reforzando dicha autonomía al integrar el sistema de competencias municipales con sus posibilidades de financiación y al dotarlo de una fórmula de garantía pionera dentro del Estado español. Con esos principios, todo apunta a que Euskadi dejará, tras varios intentos por distintos gobiernos, de ser la única comunidad autónoma que carece de Ley Municipal dado que, por primera vez, el proyecto preparado por el Gobierno Urkullu se adivina capaz de articular una mayoría en el Parlamento Vasco y un apoyo suficiente en el ámbito foral, pese a las resistencias que se han esbozado desde la Diputación alavesa, al tiempo que de sortear también la tradicional renuencia a las posibles afecciones de la legislación municipal a la Ley de Territorios Históricos.