LA decisión de la Audiencia de Palma de mantener la imputación de Cristina de Borbón, hija de Juan Carlos I y hermana del actual rey, Felipe VI, por dos delitos fiscales en 2007 y 2008 y, por el contrario, no considerar los argumentos del juez José Castro para hacer lo propio por un delito de blanqueo de capitales continúa el intrincado recorrido legal con el que se pretende minorar ante la opinión pública actuaciones todo lo contrario de honorables en el seno de la Casa Real y evitar a la monarquía española la pena de banquillo que en tantas ocasiones ha utilizado la justicia española. En cualquier caso, es mucho más probable de conseguir el segundo objetivo, el de que Cristina de Borbón no se siente entre los acusados, que el primero, por cuanto la opinión pública ya ha juzgado y sentenciado como parte del pútrido sistema de poderes del Estado español, las corruptelas y abusos de autoridad que la Casa Real y su entorno, empezando por el anterior monarca, han protagonizado con el lucro personal como objetivo; juicio y sentencia que no son ajenos a la abdicación de Juan Carlos I en beneficio de su hijo. Además y en cualquier caso, sin siquiera trata de imputar delitos añadidos, el hecho de que Cristina de Borbón cometiera fraude fiscal, incumplimiendo las obligaciones para con Hacienda que tiene cualquier ciudadano, descalifica y desautoriza a toda la estructura de la monarquía española por cuanto, a ese nivel, un fraude de esa naturaleza solo puede cometerse con el conocimiento y aquiescencia de los Borbón y de quienes con su confianza gestionan la economía de la familia; también desde la impunidad con que esta ha venido actuando durante décadas. Quiere esto decir que, la no imputación por blanqueo a Cristina de Borbón, aun a pesar de que la argumentación del juez Castro presentaba consistencia y evidencias suficientes; se considere o no como delito el fraude fiscal cometido porque se logre situar lo defraudado por debajo del límite que establece la ley, y se aplique o no la doctrina Botín para, en base a la no personación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, evitar a la hermana del rey la presencia como acusada en la vista oral; no resta un ápice de ignominia a una actuación vergonzante que, a pesar de todo, la monarquía española pretende paliar en el denodado esfuerzo de crearse otra imagen con sus nuevos monarcas.